La caída por unas horas de la red de Movistar durante el feriado del 2 de abril tuvo amplias repercusiones que marcan no sólo la popularidad del servicio sino también la relevancia que éste tiene en las vidas de cada uno. Por eso, el hecho da para analizar la situación e imaginar caminos futuros.
Respecto del incidente en sí, es poco lo que se puede agregar. Estas cosas simplemente pasan, tal como le sucedió a RIM con su propia red el año pasado y que motivó problemas mundiales de conectividad durante varios días. Como diría Tu Sam, “puede fallar”. Y al no tratarse de un problema recurrente (donde entonces sí sería preocupante y merecería revisión), lo importante es la forma en que se reaccionó. Más particularmente, se podrá cuestionar si la compensación elegida por la empresa es justa (cosa que variará según cada usuario). Pero no parece justo caer con todo sobre la empresa por un desperfecto en su red que es el primero de estas características en los años que lleva la telefonía móvil en Argentina.
En este contexto, llamó la atención la reacción del gobierno, que pareció desmedidamente dura si se la compara con otras ante otros hechos de características similares o aún peores. Sonó a sobreactuación en momentos en que su capacidad de control es cuestionada. Tampoco faltaron los cíclicos pedidos de declaración de servicio público, como si garantizara la solución a todos los problemas. Lamentablemente, la calidad de los servicios públicos permite poner en duda esta creencia.
Por otra parte, conviene recordar que, a diferencia de otros servicios como la luz, el agua, el gas y, en algunos casos, el transporte, para la telefonía celular hay al menos dos (cuando no tres) empresas alternativas a las cuales acudir en caso de insatisfacción con el proveedor actual. De esta forma, y más a partir de la portabilidad numérica, los clientes insatisfechos por la caída y/o por la compensación ofrecida, siempre tiene la opción de cambiar de operador. Esa sería la peor sanción que pudiera recibir.
Por esto, debería evaluarse el camino de aceitar mecanismos para forzar aún más la competencia. Ya está la portabilidad. Pero el próximo gran paso debería darse en la licitación de espectro para 4G (lamentablemente todavía sin fecha prevista), donde podría reservarse una porción de éste para un proveedor mayorista que permita a operadores pequeños y medianos (tal el caso de las cooperativas y cableras, entre otros) a dar servicios móviles sin obligarlos a realizar inversiones a escala nacional que sólo unas pocas empresas pueden encarar.
