Con la publicación esta semana de los resultados para el 2023 de Telecom, sumados a los de Telefónica en los días previos y considerando a los de Claro unas semanas atrás [ver “Temporada de resultados”], se completó la película de lo que fue el año pasado para los principales operadores del país. Esto es relevante a modo de referencia habida cuenta del alto porcentaje del negocio que representan sobre el total de la industria local. En un adelanto de las conclusiones, los números son malos para todos los operadores.
Los datos de Telefónica no son directamente comparable con los de sus competidores, ya que forman parte del balance de Telefónica Hispam, cuyos números son presentados en euros. Esto hace que, además del impacto de la inflación en pesos, se vean afectados por las variaciones del tipo de cambio. En este sentido, conviene recordar que en agosto, después de las PASO, el peso se devaluó un 22,45% y más tarde, en diciembre, luego de la asunción del actual gobierno, el peso volvió a devaluarse, esta vez en un 54%. Por lo tanto, además del devenir propio del negocio, los números de Telefónica se ven impactados por la depreciación de la moneda local.
Las ventas de Telecom mostraron una caída del 9,3% en pesos constantes, en línea con el 8,2% registrado por Claro. En el caso de Telefónica, impactada por las devaluaciones, la caída en euros fue del 40,1%. Visto por línea de negocios, Telecom mostró un crecimiento del 3,8% (medido en líneas) en los servicios móviles, y caídas en banda ancha (1%) y TV paga (3,3%) que reflejan una creciente competencia de la mano de los despliegues de fibra óptica, mayormente por parte de sus principales competidores, Telefónica y Claro, pero no exclusivamente. No obstante, todos sus servicios vieron reducido su ARPU en el 2023, con caídas del 11% en móviles, 8,8% en banda ancha, 8,2% en TV paga. A pesar de estar en franca retirada, la telefonía fija fue la que menos cayó, apenas un 6,5%. Vistos en dólares, para facilitar la comparación internacional, estos ARPU equivalen a US$ 10,5 en banda ancha, muy similares a los US$ 10,4 en TV paga. En telefonía móvil el ARPU fue US$ 3,7, por debajo de los US$ 5 en telefonía fija (de los cuales un 52% ya son líneas IP).
Los malos números de los grandes operadores, y sin nada que haga pensar que los del resto sean muy distintos, no son una buena señal en momentos en que la industria en su conjunto se encuentra ante el desafío inversor que implica la transición del cobre a la fibra en redes fijas y el inicio del despliegue de 5G en redes móviles. Ambas situaciones exigen de importantes inversiones que hoy, más que nunca, es necesario optimizar.
Si bien desde las autoridades gubernamentales del sector el mensaje podría traducirse como un “dejar hacer”, también es necesaria su intervención para facilitar y potenciar las inversiones requeridas, que todavía son muchas. Aquí entran en consideración desde el incentivo a la compartición de infraestructura, que permite optimizar inversiones al tiempo que propicia la competencia, hasta la homogenización de la regulación, que abarata costos y reduce tiempos. También sería deseable una revisión del Servicio Universal, que contemple no sólo quienes serán sus aportantes (discusión del Fair Share incluida) sino también cómo se utilizan esos recursos para maximizar su impacto, a diferencia de lo que viene sucediendo en los últimos años [ver “Fondo con fondos”].
Más que desregular, se necesita una nueva regulación que contemple la sustentabilidad financiera, tanto desde una perspectiva coyuntural, donde la industria local debe lidiar con una macroeconomía compleja, como estructural, donde las tasas de crecimiento actuales y futuras son muy distintas a las del pasado. Una regulación más basada en incentivos y simplificaciones que en complejas fórmulas de pobres resultados.