Esta semana, ATVC y CAPPSA presentaron una campaña de concientización y prevención destinada a visibilizar el impacto directo del consumo de contenido pirata en los usuarios. La misma apunta a enfatizar los riesgos para la seguridad digital y la protección de datos personales, promoviendo hábitos de consumo responsables, fomentando el uso de plataformas legales y contribuyendo a la protección de la industria audiovisual y sus fuentes de trabajo. La duda que surge es si alcanza para resolver el problema.
Según sus propias cifras, entre 2020 y 2025 el consumo pirata medido sobre el total de hogares con acceso a internet creció un 108%. Agregan que actualmente el 47% de los hogares con internet consume contenidos piratas —mediante Smart TV, páginas web, aplicaciones ilegales o dispositivos TV Box—. Esto equivale a que alrededor de un tercio del total de hogares argentinos consume piratería. Entre los contenidos más consumidos de forma ilegal se destacan las películas (85%), las series (79%), los deportes (58%), los documentales (52%) y las señales de TV paga (42%). Dentro del consumo deportivo en vivo, el fútbol lidera con el 76%, seguido por el automovilismo (26%) y el tenis (17%).
La historia de la piratería de contenidos —desde que la conectividad digital es moneda corriente— demuestra que nunca se la combatió con éxito agitando temores, sino con propuestas superadoras. Empezó con el software, allá por la década del 90, con persecuciones policiales que lograban titulares pero nunca una baja real de las copias ilegales. La cosa se moderó cuando las empresas de software cambiaron su modelo comercial, pasando de la venta a las suscripciones —a precios mucho más razonables—, así como a modelos gratuitos para el usuario y en la nube en ciertos casos. La historia se repitió con la música, cuando plataformas como eMule y tantas otras tenían a las discográficas con el grito en el cielo. La cosa se empezó a encarrilar cuando el iPod y iTunes permitieron el acceso legal a la música en formato digitalizado, y más tarde con Spotify, que convirtió dicho acceso en una suscripción accesible a una biblioteca casi infinita, y no ya en una compra puntual. Más recientemente, con la masificación de la banda ancha, opciones como The Pirate Bay o Cuevana permitieron a los consumidores acceder a contenidos de todo el mundo bajo demanda, algo que la TV paga o los cines no ofrecían. La cosa comenzó a cambiar con la llegada de Netflix y el streaming, que simplificó notablemente el acceso en un formato adaptado al cambio de hábitos de consumo, y que luego fue replicado por los proveedores de TV paga con sus plataformas digitales —caso Flow—.
En el caso del video, hoy subsisten dos puntos de fricción: la disponibilidad de contenidos sujetos a derechos territoriales y la fragmentación a través de distintas plataformas. En el primer caso, sucede cuando al querer ver algún video específico el usuario recibe un mensaje del estilo “contenido no disponible en su país”. En el segundo, la fragmentación de plataformas obliga a mantener múltiples abonos: Netflix para ver determinadas series y películas, HBO para otras, y así. En deportes, lo mismo: Disney+ para la Copa Libertadores y la mitad de la Copa Sudamericana, DGO para la otra mitad de la Copa Sudamericana, Disney+ o F1 TV para la Fórmula 1. Y si bien estos contenidos suelen estar en la TV paga (a veces con ciertas limitaciones), ésta exige la contratación de un básico que en muchos casos no genera interés —amén de que ciertos canales de aire y de noticias están disponibles gratuitamente en YouTube—. La cuestión se hace más evidente en el caso del fútbol local, cuyo consumo exige contar previamente con un abono al paquete básico, no existiendo una alternativa en streaming.
En el caso específico de la TV paga, su principal problema no es la demanda sino sus proveedores de contenidos, varios de los cuales apuntan ahora directamente al consumidor final con sus propias plataformas —caso Disney, HBO, Paramount, entre otros— al tiempo que limitan los contenidos disponibles para los operadores, haciendo menos atractiva la oferta de estos últimos y manteniendo costos que no están en línea con la realidad del mercado. Por supuesto, está también el factor macroeconómico y de poder adquisitivo estructural, pero este es un problema cuya solución está fuera del alcance de la industria.
La historia demuestra que lo único realmente efectivo para combatir la piratería fue aumentar la disponibilidad, simplificar la accesibilidad y encontrar un nivel de precios adecuado: que no opere como barrera pero habilite los ingresos necesarios a escala. Apelar al respeto de la propiedad intelectual por parte del usuario o agitar peligros son estrategias que han demostrado ser inocuas a lo largo de los años. Nada hace pensar que esta vez sea diferente.