AutorEnrique Carrier

Analista del mercado de telecomunicaciones y nuevos medios, basado en Buenos Aires, Argentina

Revés

Esto fue lo que sufrió Facebook esta semana, luego de que el regulador indio le bajara el pulgar al servicio Free Basics que provee acceso móvil gratuito a determinados sitios y apps de Internet, incluyendo obviamente a esta red social. El regulador se expresó contra cualquier mecanismo de precios diferenciados para datos móviles, amparándose en la neutralidad de la red. La noticia fue un baldazo de agua fría para Facebook ya que India es el segundo mayor mercado en términos de usuarios después de China.
Desde el lanzamiento de su iniciativa Internet.org, Facebook viene encontrando resistencias por parte de reguladores y otros actores de la industria. La crítica que se le hace es que con ella aspira a crear dos Internet: una gratuita pero acotada y de la cual Facebook es el impulsor y otra, la que todos conocemos, abierta, pero paga. Con este modelo, Facebook sería el cancerbero de esta sub-Internet, teniendo el poder de dejar fuera a servicios y contenidos que le compitieran.
No obstante, esto no significa que no puedan desarrollarse modelos que permitan el acceso móvil gratuito a Internet, tanto en su totalidad como a parte de ésta. Básicamente, existen tres modelos de datos de pago revertido, es decir, donde no es el usuario que paga por el acceso sino los operadores y/o los proveedores de contenidos, servicios y/o productos. Estos son: Zero rating, datos sponsoreados e Internet sponsoreada.
Zero rating es el modelo impulsado por Facebook en asociación con operadores. Éste permite al usuario acceder gratuitamente a un servicio específico siendo el gasto de conexión absorbido por el operador móvil. Se utiliza para incentivar la adopción de la banda ancha móvil, generando a futuro demanda por acceso pago por fuera del paquete gratuito. Este modelo es cuestionado por los defensores de la neutralidad de la red debido a que es el dueño de la red quien decide qué servicios serán gratuitos para el usuario y cuáles no, perjudicando a los segundos.
En el caso de datos sponsoreados, el usuario accede gratuitamente a un servicio específico, pero quien paga la cuenta no es el operador sino una empresa o gobierno. Este modelo no genera conflictos en materia de neutralidad de la red y puede direccionarse para usos específicos. Podría ser el caso de un banco dando acceso gratuito a su aplicación de Internet banking, al estilo de un 0-800, o de un gobierno haciendo lo propio para que la población pueda hacer trámites online o acceder a información.
El caso de la Internet sponsoreada es similar al anterior, aunque el usuario accede gratuitamente no ya a un servicio específico sino a Internet en general, siendo el sponsor una empresa o gobierno. Este modelo suele estar limitado en el tiempo o en la cantidad de tráfico y se usa ya sea para incentivar un mayor uso de la banda ancha móvil como para dar valor a productos o servicios. Puede ser un teléfono que se vende con X meses gratis de Internet móvil o un gobierno que subsidia parcialmente la conexión de sus ciudadanos como forma de cerrar la brecha digital.
En resumen, no es imposible ni necesariamente atenta contra la neutralidad de la red el desarrollo de modelos de acceso gratuitos para el usuario. Lo relevante es que esta gratuidad no esconda detrás la posibilidad de que quien pague efectivamente por el servicio se convierta en la barrera que decida quién pasa y quién no. En el caso de Facebook, si realmente lo que quiere es conectar a los que aún no lo están, en vez de asociarse con operadores para dar acceso gratuito y acotado (que los operadores aceptan como incentivo para que la gente se conecte y luego quiera pagar por lo que está fuera de ese jardín cercado), podría dar acceso gratuito solo a sus propias aplicaciones, financiado por sus anunciantes. No es imposible, pero tiene otro costo.

Tuits selectos

Nueva era

Durante el lapso que pasó desde la última edición de Comentarios, el 18 de diciembre pasado, muchas noticias importantes se dieron en el ámbito local de las telecomunicaciones. Sin dudas, lo más relevante fue el cambio de raíz en lo que hace a la regulación del sector. Un cambio que, aunque en la dirección correcta, generó sainetes políticos, reclamos en la justicia y hasta cuestionamientos de legalidad. Y como siempre ocurre, quedaron actores disconformes.
El nuevo gobierno que asumió en diciembre último introdujo profundas modificaciones en distintas políticas, incluyendo a las de medios y telecomunicaciones, quizás las más emblemáticas de la gestión a la que reemplazó. Se tratan de cambios necesarios desde el punto de vista de política sectorial habida cuenta de que en materia de infraestructura se trataba de un marco regulatorio concebido desde una mirada hacia el pasado y no el presente de las redes de comunicaciones, a lo que se sumaba el evidente encono hacia uno de los participantes.
La forma, vía decreto de necesidad y urgencia, puede ser cuestionable políticamente, pero, al menos por lo visto hasta el momento, es técnicamente válido. Demuestra la intención de avanzar rápidamente con el tema, más allá de la necesaria ratificación parlamentaria. Siempre dentro de la forma, si bien el funcionamiento del nuevo ente regulador, Enacom (Ente Nacional de Telecomunicaciones) simula ser el de un cuerpo independiente con representación de las minorías parlamentarias, en la práctica funciona como un órgano que depende directamente del Poder Ejecutivo. Esto no necesariamente está mal en sí mismo, pero no hacía falta el simulacro de apertura.
En cuanto al fondo, el gobierno anterior dejó un escenario que, aunque pregonaba convergencia, tenía tratamientos muy dispares entre cable, telcos y satélite, perjudicando particularmente a los primeros por ser la industria en la que se encontraba el Grupo Clarín. La nueva gestión decidió dar marcha atrás con esta política, básicamente anulando las limitaciones a la expansión de las redes y servicios como forma de propiciar la convergencia. Los cables ya no tendrán límite a la expansión física de sus redes, lo cual es una buena noticia en una industria sensible a las escalas.
De todos modos, el movimiento fue pendular, y el escenario, antes perjudicial, ahora resulta más favorable a la industria del cable. Las telcos podrán dar servicios audiovisuales recién en 2 años prorrogables a 3, cancelando quizás la principal medida pro convergencia de la gestión anterior, quien las había autorizado a hacerlo a través de la ley Argentina Digital. Los cables sostienen que estos 2 a 3 años de inhibición son poco tiempo, ya que ellos no cuentan aún con servicios móviles en su oferta. El argumento sigue en que si hoy las telcos pudieran ofrecer servicios de cuádruple play sería una ventaja competitiva muy fuerte frente a su oferta triple play.
Es cierto que los cables aún están lejos de ser una alternativa en móviles, pero también lo es que las telcos no están técnicamente en condiciones de ofrecer servicios de TV por sus redes actuales. Una red moderna debe tener una capacidad media en los accesos de unos 30 Mb, lejos de la media de los abonos de ADSL. En otras palabras, las telcos deben invertir (y bastante) en la red fija para aumentar la capacidad y capilaridad de sus redes. Pero a su vez, parte de esa inversión sólo puede justificarse con el ingreso adicional que generarían los servicios de TV. Un tema de tiempo y dinero. Esta idea de nivelar la cancha antes de poder dar vía libre con el cuádruple play permite suponer que los próximos pasos del gobierno en materia de espectro (especialmente luego de la compra de Nextel por Cablevisión) serán claves para la definición del escenario en los años por venir.
Hay quienes critican el fondo de las reformas por su sesgo pro concentración de mercado. Es cierto que el nuevo marco propicia la concentración de las infraestructuras. También lo es que esta es una tendencia global en la industria. Pero atención, que un mercado de infraestructuras fragmentadas no es lo mismo que un mercado en competencia. Que haya muchos actores no los hace competidores si las coberturas geográficas de sus redes no se superponen. Por otra parte, cuando las escalas no son las ideales, las inversiones son más difíciles de repagar (es la razón por la cual subsiste todavía tanto cable analógico, especialmente en localidades medianas y chicas del interior del país). Así, un escenario previsible a mediano plazo será el de competencia de infraestructuras en grandes concentraciones urbanas ofreciendo servicios triple y cuádruple play, con tendencia a la monopolización del acceso en la medida en que las localidades son más pequeñas.
La regulación de la convergencia es de por sí un trabajo complejo. Cuando hay convergencia, las distintas industrias que convergen chocan entre sí. Esto es lo que estamos viendo ahora. Pero convergencia implica en definitiva un trato uniforme para todos los actores. El punto está en lograr el equilibrio en las asimetrías forzadas necesarias para atravesar la inevitable transición.

El santo grial

A pesar de que se habla de convergencia y servicios audiovisuales, la madre de todas las batallas se da en el terreno móvil. Su popularidad y la adopción cada vez mayor de nuevas funciones hace de los celulares un punto central en las estrategias de las empresas de telecomunicaciones. Pero a su vez, el escenario de los servicios móviles es el más complejo, ya que los mismos parten del uso de un recurso escaso como es el espectro. Esto implica que no alcanza con la voluntad y el dinero para montar una red móvil. Hay que también contar con la gracia del espectro.
La última semana la gran noticia fue el uso de la opción de compra que Cablevisión tenía sobre el 51% restante de Nextel, luego de hacerse del 49% en septiembre. Esta operación fue objetada desde el punto de vista formal por el gobierno anterior y se encontraba judicializada. En el nuevo contexto, nada hace pensar que la operación por el 100% del paquete de Nextel Argentina vaya a encontrar resistencias. De esta forma, se oficializaría el retorno del Grupo Clarín al negocio móvil (recordemos que tuvo participación accionaria en CTI, hoy Claro). Pero no se trata sino del primer paso en un largo camino. Con la tecnología sin evolución con que cuenta Nextel, es claro que Cablevisión no se quedará con lo que hoy tiene, sino que aspirará a ser un operador móvil convencional. Pero para lograrlo necesitará nuevo espectro, y allí es donde las especulaciones cobran altura.
La primera reacción lógica es pensar en el espectro que hoy tiene asignado Arsat por la ley de satélites y que actualmente se encuentra sin uso. Esta semana, el presidente de la compañía estatal de telecomunicaciones, en declaraciones al diario Perfil descartó la posibilidad de brindar servicios móviles por cuenta propia, recordando que la prioridad estará en el desarrollo de la red de fibra óptica. Queda entonces saber qué destino se le dará al espectro que tiene asignado para servicios móviles 3 y 4G.
Una opción es poner el espectro nuevamente a disposición de los privados, para lo cual sería necesario modificar la ley de satélites o conseguir 2/3 de los votos para enajenar un activo de Arsat (tal cual lo marca la misma ley). Un camino posible, pero con pocas probabilidades de éxito, más cuando el gobierno nacional tiene instrumentos mucho más importantes a negociar con el Congreso.
Otra alternativa, quizás la más probable, es que Arsat decida arrendar el espectro que posee a cambio de un alquiler y/o exigencias de cobertura o acceso a la red que utilice su espectro a actores medianos y pequeños de la industria de las telecomunicaciones, de forma tal de que todo operador tenga su chance de ofrecer servicios móviles. Esto podría lograrse con Cablevisión de forma tal de dar lugar a un operador que podría ser mayorista que de servicios a OVM (operadores virtuales) o una asociación de empresas, donde cada una despliega infraestructura en su área de influencia.
Se podría pensar también en la licitación de nuevas frecuencias, pero esto no daría un destino al espectro con que hoy cuenta Arsat.
Todo parece indicar un destino común entre el espectro “libre” que hoy tiene Arsat y la red ávida de nuevas frecuencias de Nextel-Cablevisión. Esto no es bueno o malo en sí mismo, sino que dependerá de las condiciones en que se dé este maridaje. Quienes más atentos estarán a la evolución de este tema serán los operadores móviles actuales, quienes seguramente exijan condiciones parejas para todos. Y aquí pueden entrar los 2 a 3 años de inhibición para dar servicios de comunicación audiovisual (léase TV) en la negociación. La política, el arte de lo posible.

Tuits selectos

Signo de los tiempos

El próximo número de Playboy será el primero en no presentar una conejita revelando sus atributos. En su lugar, la foto de tapa es una sugerente selfie de una modelo posando como incontables otras suelen hacerlo en Instagram. La imagen tiene sobreimpresa un “heyyy ;)” como si fuese un mensaje de texto para, por si hacía falta, llamar la atención. No es de extrañar: las curvas que siguen vigentes son las de los smartphones.

LTE: El camino por delante

A pesar de que LTE tiene pocos años en servicio en Latinoamérica, las necesidades por mayor capacidad de las redes será una constante en los próximos años. Se combinan una cantidad finita de espectro disponible con un crecimiento del tráfico de datos que en lo que resta de esta década será exponencial. Estas limitaciones se verán acentuadas por el desarrollo del video móvil, así como por el de la Internet de las Cosas (IoT), lo que sumará la necesidad de conectar miles de millones de nuevos dispositivos.
En este escenario, la tecnología LTE tiene un rol protagónico. El hecho de haber sido concebida para transmitir datos le da no sólo una capacidad muy superior a la de las tecnologías previas sino también la flexibilidad necesaria para poder evolucionar en distintas direcciones y dar así respuesta a las demandas futuras. Tal como su nombre lo indica, LTE fue pensada para una evolución de largo plazo (LTE=Long Term Evolution). Dicho de otra forma, provee los cimientos para un desarrollo que ofrezca capacidades muy superiores a las actuales. Por este motivo, desde una perspectiva tecnológica, LTE marca un punto de inflexión respecto de lo previo.
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Hasta la vista, babies!

Con este, llegamos al último post de Comentarios del año 2015. Un año movido desde el punto de vista político sectorial, que marcó además el crecimiento del 4G y que estuvo signado por el reducido acceso a divisas, algo clave en el sector tecnológico que depende de las importaciones. Y coronado con la asunción de un nuevo gobierno que adelanta cambios en la gestión política del sector, cosa que aparentemente no será sin alguna turbulencia.
Volveremos el 5 de febrero próximo, con algunas cosas quizás ya más claras como para poder prever cómo seguirá el desarrollo de una industria que tiene muchísimas cosas por delante. Les deseamos a todos muy felices fiestas y, para los que se las tomen, que disfruten de sus vacaciones. ¡Brindemos!

Sobre legalidad y legitimidad

El flamante gobierno nacional que asumió hace apenas una semana ha dado muestras de querer avanzar rápidamente con los cambios prometidos o insinuados. Sin embargo, en el flamante Ministerio de Comunicaciones el escenario se presenta más complejo ya que se trata de un área donde se observa una mayor resistencia a los cambios propuestos por parte de las autoridades nombradas durante la gestión anterior.
De Comunicaciones dependen ahora tanto el AFSCA como AFTIC, dos autoridades federales cuyos directivos tiene mandatos desfasados del período presidencial y que hoy están siendo presionados para que presenten su renuncia. Es claro que desde el punto de vista legal los directivos tienen todo su derecho a permanecer en el cargo para el cual fueron designados. Pero el problema es en parte político y en parte responde a la pobre calidad de los mecanismos para su designación. Pongamos el foco en AFTIC ya que es la autoridad que tiene competencia sobre el sector de las telecomunicaciones.
Entre las críticas que se oyeron al momento de tratar la ley Argentina Digital, que entre otros puntos dio lugar a la creación de la AFTIC, fue casi unánime el mecanismo de designación de autoridades ya que responde a criterios políticos más que técnicos. Efectivamente, de los 7 miembros del directorio, el presidente y un director son nombrados por el Poder Ejecutivo, 3 por una comisión bicameral (para las 3 primeras fuerzas legislativas), uno por las provincias y otro por el Consejo Federal de las Telecomunicaciones y la Digitalización. No hay concurso, ni requisitos mínimos de conocimiento en la materia, ni mucho menos de independencia política. Visto así, que haya un desfasaje con los mandatos del Poder Ejecutivo Nacional no es indicador de independencia del poder político de turno, sino que se trata del mantenimiento de las políticas de la gestión anterior. En otras palabras, la política en materia de telecomunicaciones queda bajo el control del gobierno anterior, no de un ente técnico independiente. La situación se hace más grave cuando estas autoridades fueron designadas 5 meses antes del fin del mandato de la gestión que los nombró, lo que equivale a manejar por 3 años y medio la política en materia de telecomunicaciones del nuevo gobierno. Casi todo el período del gobierno recién elegido.
En otras palabras, la configuración actual de AFTIC no sólo no responde a aptitudes técnicas en la materia, sino que desde el punto de vista político refleja al mapa de mínimamente 2 años atrás. No sólo porque el presidente y un director fueron designados hace 5 meses por el gobierno que dejó el poder, sino que los 3 directores nombrados por la bicameral responden al escenario electoral de 2011/2013. Así, el oficialismo no tiene siquiera un representante en el directorio de AFTIC, una situación que duraría hasta junio de 2019. O sea que, si no se introdujeran cambios, el actual oficialismo no tendría injerencia en la política de telecomunicaciones en casi todo su mandato. Algo totalmente ridículo. Es evidente que por más que esta composición sea legal, está lejos de ser legítima. Y es una demostración de que el tratamiento veloz que tuvo la ley Argentina Digital no fue gratuito. Ahora comenzamos a ver sus consecuencias.
Con este escenario, y cuando otros funcionarios con mandato desfasado presentaron sus renuncias, la pregunta que surge es por qué tanto AFTIC como AFSCA son dos de los organismos donde más resistencia encuentra el nuevo gobierno. Quizás porque ambos son los que tienen injerencia sobre el Grupo Clarín, el archienemigo del último gobierno. Un enfrentamiento que ya es claramente personal. Pero el país necesita otra cosa. Será el rol de la política conseguirlo dentro de los elementos que provee la República.

Momento de incertidumbre

A pesar de las restricciones a la importación de componentes por falta de divisas, el año que termina fue muy bueno para fabricantes y canales de equipos celulares. Pero la economía se encuentra en pleno proceso de definiciones que auguran reacomodamientos para el 2016.
El 2015 cerrará con una caída del orden del 5% en la producción de celulares provenientes de Tierra del Fuego, un volumen cercano a los 10,5 M de unidades, lejos de los 13,7 M alcanzados en 2011 (año récord). Sin embargo, no fue éste un mal año para los involucrados en el negocio. La restricción en la oferta tuvo como consecuencia natural una suba de los precios de los equipos. Ley de oferta y demanda a pleno.
El escenario para 2016 se presenta muy distinto. Por un lado, el fin del cepo y la unificación del mercado cambiario marcan una devaluación del orden del 40% respecto del dólar oficial existente hasta anteayer. Por otra parte, a fin de año se eliminan las DJAI (Declaraciones Juradas Anticipadas de Importaciones) que frenaban en los hechos cualquier intento de importación de equipos. Las misma serán reemplazadas por un sistema de licencias automáticas y no automáticas, según lo adelantó el flamante Ministro de la Producción. Si bien no hubo mayores precisiones, esto hizo que algunos comiencen a coquetear con la idea de importar celulares. Habrá que esperar las definiciones.
Aunque los primeros lineamientos de la política económica del nuevo gobierno adelantan un escenario de mayor apertura, no habría que apresurarse a pensar que esto significará el fin de la promoción de Tierra del Fuego ni que mañana se puedan comprar iPhones en cualquier retail u operador. Aún en el caso en que no estuvieran de acuerdo con la política industrial que favorece a la isla, son tantos los frentes abiertos para el gobierno que difícilmente quieran agregar uno más que podría generar demasiada inestabilidad en la provincia austral.
Es claro que los celulares producidos en el país tienen un precio notablemente superior al de mercados sin restricciones al comercio exterior ni inflación. Si bien la brecha de precios varía según los modelos y las gamas, con el valor del dólar hoy la diferencia llega a superar el 200% en algunos casos. Tal es así que en Argentina se da la extraña situación donde se desbaratan bandas que hacen contrabando de electrónicos entre los cuales hay productos que son los mismos que se producen localmente. Una muestra más que evidente de la distorsión de los precios locales.
Por otra parte, los beneficios impositivos a la producción en Tierra del Fuego tienen un efecto no deseado: desalentar la producción de equipos de bajo costo (por debajo de los US$ 120). Esto se debe a que el peso de la ventaja económica a la exención de ciertos impuestos no es significativo si la base de cálculo (el precio) es baja. Pero el resultado es que sacó del mapa a los teléfonos de bajo costo. No sólo smartphones, también los clásicos que atraen a un público mayor que hoy pena con los smartphones.
Este escenario exige pensar creativamente respecto de la política hacia Tierra del Fuego. Si bien muchos quisieran desterrarla ya y de un plumazo, no sería lo más aconsejable. Y no sólo por la inestabilidad económica y política que esto acarrearía para la isla. En momentos en que se exige previsibilidad en las reglas de juego, los cambios de éstas deben ser meditados y consensuados. Pero en el ínterin hay diversas líneas de acción a explorar.
Por el lado de los costos, no hay soluciones mágicas de corto plazo. Sin dudas que el ordenamiento de la economía y la consecuente baja de la inflación ayudará a que baje el costo de financiación. Con una inflación anual del 30% o más, las cuotas sin interés son una ilusión óptica. El costo de la financiación está incluido en el precio, y eso se nota. Hoy sería más lógico mantener la financiación, pero con interés para que baje el precio de lista. Por el lado de la logística, resulta incomprensible que los componentes lleguen a Buenos Aires para de allí viajar en camión hasta Tierra del Fuego y después volver. Hay que analizar por qué los componentes no llegan por barco de China directamente a la isla y de allí parten, también en barco, a Buenos Aires para su distribución. Como este, hay muchos otros puntos sobre los cuales trabajar para bajar el costo nacional.
También se debería pensar en un esquema mixto, que permita una mayor oferta de equipos de gama baja, combinando producción de equipos de gama media y alta con importación de equipos de gama baja. Algunos quizás consideren que un celular (que actualmente es lo mismo que decir un smartphone) es un bien suntuario. Pero no lo es no sólo por sus altísimos niveles de penetración en la población sino por una razón de aún más peso. Por sus características (masividad, precio y conectividad incluida), los smartphones se están posicionando como EL dispositivo para cerrar la brecha digital. Visto así, el precio de un smartphone deja de ser un asunto sectorial para convertirse en otro de interés nacional.
Tal como están las cosas hoy, y pensando puramente en el 2016, con la devaluación de esta semana, la oferta (marcas, fabricantes y canales) seguramente deban ajustar sus márgenes ya que no parece muy viable un traslado directo del valor del dólar al precio final de los productos. Y paralelamente, deberá reunirse con las autoridades para comenzar a delinear una política que permita congeniar sus intereses con los del país y su población. Una tarea que no será sencilla, pero que es necesaria.

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