El anteproyecto de la ley de Servicios de Comunicación Audiovisual dará lugar, antes de fin de mes según las autoridades del COMFER, al inicio de discusiones en foros, a lo largo de todo el país. Por esto mismo, es un buen momento para hacer aportes. En nuestro caso, y por el foco de nuestra actividad, circunscribiéndonos a la parte de infraestructura necesaria para la difusión de los contenidos.
Desde esta perspectiva, sin dudas que el surgimiento de una red alternativa a la del cable es quizás uno de los puntos más destacados. Es conveniente recordar que en muchas de las localidades actualmente cubiertas por las redes de TV por cable suele haber una sola. Una clara forma de verlo es la ciudad de Buenos Aires, donde básicamente hay 2 operadores: el tándem Cablevisión/Multicanal (que funciona como uno solo) y el challenger, Telecentro. Son pocas las áreas donde ambas redes se superponen, lo que implica para el consumidor que no hay otra opción que la red de cable que pase por el frente de su hogar. Esta situación se repite en diversos puntos del país.
Se podrá decir que la televisión satelital, en este caso DirecTV, es una alternativa válida. Pero esta es una verdad a medias en función de las características del servicio (más caro, un decodificador por TV). La prueba está en que sobre 6,8 millones de hogares por donde pasa un cable de TV en todo el país, Cablevisión tenía una penetración del 44% a diciembre de 2007. Mientras tanto, DirecTV, que cubre todo el país (más de 10 M de hogares), tenía una penetración del orden del 6 al 7%. Es cierto, compiten, pero está claro que no son sustitutos directos. Hay que considerar también que la red satelital sólo puede brindar servicios de una vía (difusión), mientras que el cable cuenta con el beneficio de la doble vía que le permite dar Internet de banda ancha y, aunque aún tímidamente, telefonía.
Un punto no menor, y a nuestro criterio discutible, es aquél que establece que una empresa no podrá ser titular de una licencia cuyo servicio y/o audiencia supere el 35% del mercado. No queda claro en este caso qué sucederá con las empresas que ya tienen este grado penetración, considerando que las leyes no pueden (o al menos, no deben) ser retroactivas. Pero suponiendo que finalmente se les pudiera exigir a quienes tienen estos niveles de participación de mercado que “desinviertan” para bajar su share, no parece éste ser el camino más razonable. Esta desinversión puede tener efectos contraproducentes. Por un lado, los procesos de achicamiento suelen impactar negativamente sobre la fuerza laboral, dando lugar a despidos y retiros voluntarios. Por el otro, en negocios tan sensibles a las economías de escala, la reducción forzada del tamaño generaría mayores costos relativos, impactando también en los precios.
Así, convendría optar por un método pro competencia. Esto es, definir quizás un porcentaje de penetración del servicio que sirva de piso para el ingreso de una red alternativa (en este caso, las redes de las empresas de telecomunicaciones). De esta forma, se propiciaría una mayor competencia en aquellos mercados donde haya jugadores dominantes claros.
Bajando a números
¿De qué estamos hablando cuando nos referimos al mercado de Triple Play en Argentina? Si consideramos el concepto puro, es decir, los tres servicios ofrecidos sobre una única red, el mercado es muy pequeño porque es nuevo. Sólo Telecentro, Supercanal y algunos operadores de localidades más chicas ya tienen una oferta de estas características, y su lanzamiento es reciente. Pero si nos alejamos de los purismos tecnológicos y consideramos a los hogares que consume los tres servicios (telefonía, Internet de banda ancha y TV paga), estamos hablando de un mercado compuesto por 2,24 millones de hogares. Esto equivale a un gasto anual agregado de unos $ 6.000 millones.
Claro está que uno de los principales atractivos del Triple Play desde la perspectiva del cliente es acceder a los tres servicios a un costo menor que si se contratan separadamente. En este escenario, hay 2,84 millones de hogares que tienen 2 de los servicios y que potencialmente podrían sumarse. Así, y siendo muy generosos porque no todos los que hoy tienen 2 servicios pasarían a 3, el mercado en el corto y mediano plazo sería como mucho de 5 millones de hogares. Y habría un límite teórico en los entre 10,5 y 11 millones de hogares totales que hay en el país.
Estimar cuánto podría ser este mercado en dinero es más difícil, porque aún no queda claro cuál sería el precio de mercado de una propuesta de Triple Play. Pero tomando los $ 139 mensuales que actualmente cobra Telecentro por este servicio, aún en el hipotético caso de considerar a 5 millones de hogares contratando estos paquetes, se llegaría a un mercado de $ 8.300 millones anuales.
La diferencia, que no es tanta, con los $ 6.000 millones actuales se ve reducida por la esperada reducción de los abonos. Esto demuestra que el glamour del Triple Play para la oferta puede diluirse rápidamente si, como se espera, se da una fuerte presión para que los precios bajen.
Habemus anteproyecto
Con la presentación esta semana, tal como estaba previsto, del Proyecto de Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual (SCA para simplificar), se abrió una nueva etapa en la discusión del rumbo de los medios y la participación de los proveedores de infraestructura en esta actividad.
El anteproyecto es laaaaargo (casi 150 páginas) aunque bastante prolijito, notándose la influencia académica de sus autores, con citas al pie, algún cuadro sinóptico y referencias varias. Desde el punto de vista formal, y considerando la extensión del documento, se siente la falta de una tabla de contenidos que agilice la búsqueda de determinados artículos (se imponen una lecciones de Word o Writer entre los funcionarios involucrados). Son muchos los temas que toca y varios de ellos fueron adelantados en los trascendidos previos, lo que sumado al poco tiempo para analizarlo debidamente, propicia que nos detengamos en las “sorpresas”.
No hay dudas de que muchas de las medidas propuestas apuntan directamente a la línea de flotación del grupo Clarín. Entre éstas se puede mencionar:
- Impide que un mismo grupo sea propietario de un canal de TV abierta y una empresa de TV por suscripción (cable o satélite) en el orden local. Así, este grupo no podría operar Canal 13 y Cablevisión en el AMBA. Esto implicaría además que si eventualmente Telefónica quisiera obtener una licencia de radiodifusión televisiva por suscripción, debería desprenderse de Telefé (por la cual ya hubo interesados…).
- Una misma empresa no podrá ser propietaria de una compañía de TV paga y al mismo tiempo producir señales que transmita. El grupo Clarín tiene 6 señales de cable (TN, Volver, Magazine, Metro, Canal Rural y Trece Satelital).
- No se podrá ser titular de una licencia cuyo servicio y/o audiencia supere el 35% del mercado. Cablevisión tiene el 47% de los abonados a TV paga.
- Si bien el artículo que hace referencia es muy ambiguo, se exige que determinados espectáculos deportivos (léase fútbol) deberán ser transmitidos por la TV abierta y gratuita. Hoy el Grupo es socio de la empresa que tiene los derechos de televisación de este deporte, cuyos ingresos provienen de la venta a los distintos operadores de cable. Y la TV abierta sólo puede retransmitir los goles luego de que hayan sido difundidos por Fútbol de Primera (que se emite por canal 13).
Por supuesto, si bien el Grupo Clarín es el más grande del país y por lo tanto quien más se verá afectado por esta ley si finalmente pasa como está prevista, no será el único. Otros sentirán también sus efectos, aunque con otra escala, como sería el caso del Grupo Uno (muy fuerte en el interior del país) y hasta el Grupo Telefónica, con muchos canales de TV abierta en el interior (más allá de Telefé). Y eventualmente, algunos negocios dejarán de ser viables (como por ejemplo, la compra de Telecentro por algún multimedio, como se viene rumoreando).
En cuanto al universo específico de las empresas de telecomunicaciones, la cosa es más favorable, aunque quizás no es todo lo rosa que pudieran haberse imaginado en algún momento. El anteproyecto contempla que las telefónicas (no únicamente Telefónica y Telecom) ingresen al mercado de TV por suscripción, aunque como redes de transporte. No obstante, se les exige una mayor apertura de sus redes vía interconexión, unbundling, no existencia de subsidios cruzados y hasta portabilidad numérica (que se aplicaría también a las redes móviles). En realidad, esto ya estaba contemplado en la regulación vigente (decreto 764/2000), aunque el Estado no se preocupó demasiado en hacerla cumplir.
Presentando el anteproyecto, se abre ahora un período de 90 días que probablemente coincida con el debate preeleccionario si finalmente se aprueba el adelantamiento de las elecciones legislativas. Si a esto le sumamos el conflicto con el sector agrario que está recrudeciendo, tenemos por delante tiempos muy politizados que distarán de ser apacibles. Quizás no sea el escenario ideal para tratar una ley de tamaño impacto y trascendencia, pero las cartas así están barajadas y no queda otra opción que jugar.
A tirar cables
Esto es lo que está haciendo Cablevisión, quien esta semana inauguró el primer anillo de fibra óptica que une Córdoba, Santa Fe, Rosario y Paraná y que forma parte del proyecto backbone interurbano. El mismo será la plataforma para llevar servicios como el cable digital, TV de alta definición, mayor ancho de banda y telefonía fija a las provincias, de forma similar a lo que ofrece hoy en algunas zonas del AMBA (Área Metropolitana de Buenos Aires).
Más allá de la expansión de los servicios que hoy ofrece en algunas zonas del AMBA, la empresa hizo mención específica al lanzamiento de su servicio de telefonía a partir del año próximo. Esto no sólo la habilitará a dar servicios de triple play, como ya lo hacen otros operadores de TV por cable como Supercanal y Telecentro. También le permitirá completar una oferta defensiva, que la pondría en un pie de igualdad para cuando (¿cuándo?), las empresas de telecomunicaciones puedan dar servicios de TV.
El proyecto del backbone interurbano contempla también la inclusión de dos anillos más, uno en el Noroeste (Posadas, Resistencia, Corrientes) y otro Sur (Mar del Plata, Bahía Blanca, Neuquén), el cual estaría listo para el 2010. Así, Cablevisión estaría convirtiéndose en una red alternativa de mayor envergadura frente a Telecom y Telefónica.
Poco a poco, cada vez queda más claro que todo evoluciona hacia contar con tres grandes infraestructuras: la de las telefónicas (Telecom y Telefónica), la de la TV por cable (Cablevisión et alter) y la celular (principalmente, Claro por no estar vinculado a ninguna incumbente). Se va a poner lindo.
Propuesta alternativa
Ya que el tema comienza a instalarse con la circulación del borrador de la nueva Ley de Servicios Audiovisuales, creemos que es un momento propicio para hacer un aporte para que ésta sea lo mejor posible.
Como siempre, es bueno comenzar por los objetivos, pues éstos marcan el norte y evitan que se desvíe el camino ante la aparición de bifurcaciones que pueden llevar a calles sin salida o a destinos que no eran los previstos al iniciar el viaje. Quizás el primero y principal sea que el ciudadano tenga opciones, tanto en materia de contenidos (asegurando la diversidad de visiones y opiniones) como de medios de acceso. Así, no sólo hay que pensar en la pluralidad de los contenidos sino también en la diversidad de redes de distribución, ya que de no ser así, una sola red puede acomodar los contenidos a sus intereses.
Con el desarrollo de tecnologías digitales, las limitaciones físicas a los contenidos desaparecen o se reducen considerablemente. Esto se ve claramente en la TV por cable, que con el proceso de digitalización puede aumentar considerablemente su oferta de canales, dando lugar a todas las voces. Algo similar, aunque en menor escala, sucede con la TV digital de aire (sobre la cual aún no hay definiciones en Argentina), que permite aumentar la oferta de señales de las cuatro actuales a unas veinte, dando espacio entonces a una razonable variedad de perspectivas.
Así, el tema más complejo es el de asegurar la diversidad de acceso. En este rubro tenemos diversos actores, reales y potenciales. Los primeros son los actuales operadores de servicios de TV paga, sean vía cable (Cablevisión, Telecentro, Supercanal, etc.), satélite (DirecTV) o radio terrestre (como Andina). Entre los potenciales están las actuales empresas de telecomunicaciones, que van desde Telecom y Telefónica a todas las demás empresas que comenzaron a operar en el mercado de las telecomunicaciones en condiciones de competencia, así como las cooperativas.
Es clave permitir la existencia de alternativas en materia de redes ya que éstas propician no sólo la diversidad de contenidos sino que además fomentan la competencia, dando lugar a más y mejores servicios a menores precios. Por este motivo, excluir a las empresas de telecomunicaciones sería un grosero error. El análisis debe contemplar, por razones de envergadura y capacidad, un marco distinto para Telecom y Telefónica que para el resto de las empresas de telecomunicaciones y cooperativas. A estas últimas debería permitírseles comenzar a ofrecer el servicio de inmediato allí donde ya tengan su red o quieran extenderla.
En el caso de las herederas de Entel, debería definirse una forma de medición de la condición monopólica de un operador de TV paga para determinar en qué mercados o áreas pueden operar en el corto y mediano plazo y cuáles no. Podría ser estableciendo un piso a determinar de cantidad de abonados (30, 50, 100 mil o lo que se evalúe como más conveniente) en manos de un único operador. De esta forma, se evitaría que empresas de mayor capacidad técnica y financiera se conviertan en una competencia desigual para operadores de poco porte.
No obstante esto, y siendo que el objetivo final sería el de asegurar alternativas, lo ideal sería establecer un cronograma (5, 10, 15 años) de apertura total, de forma tal de dar tiempo a los operadores más chicos a prepararse para competir.
Por supuesto, esta propuesta puede y debe ser objeto de críticas y correcciones, pero su objetivo final, propiciar opciones de contenidos y de redes, debería formar parte de cualquier proyecto. A fin de cuentas, se trata de defender los intereses de los ciudadanos en primer lugar.