Durante algún tiempo, Argentina tuvo índices de banda ancha que eran buenos en comparación con otros países de la región. Lamentablemente, esto parece estar cambiando, de acuerdo con los datos publicados por el diario La Nación, citando estudios internacionales. Los puntos más destacados (a nuestro criterio) son: una marcada desaceleración del crecimiento de la penetración de banda ancha, un ancho de banda promedio bajo y paquetes de nivel de entrada caros.
El accionar del Estado en la materia influye en los resultados, y aquí se refleja la década de desidia regulatoria que vivió el país. Para entender mejor la situación, las áreas que competen a la regulación pueden verse a través de tres ejes: la infraestructura mayorista, la minorista y el accionar en términos de llevar conectividad a las áreas o sectores sociales no alcanzados.
A nivel mayorista, las deficiencias en el desarrollo de un backbone nacional que cubriera una amplia proporción de nuestro extenso territorio fueron la causa para que la banda ancha disminuya notablemente su penetración por fuera de los grandes centros urbanos. Consecuentemente, influyó para que en localidades de menor tamaño el costo de ésta fuera notablemente más alto medido en pesos por megabit. Esto es algo que apunta a ser corregido por el plan Argentina Conectada, si bien aún es muy pronto para saber si éste logrará los objetivos planteados.
A nivel minorista, ciertas restricciones surgen de la poca actividad en materia de otorgamiento de licencias, asignaciones de espectro y hasta de aprobación de adquisiciones. A esto hay que sumarle los frenos al agregado de nuevos servicios sobre redes existentes ya que equivaldrían a un impulso para extender y potenciar las redes. Aquí entra el tema del otorgamiento de numeración para dar telefonía así como el impedimento de que las empresas de telecomunicaciones (a excepción de las cooperativas) puedan dar servicios de TV.
En cuanto a llevar la conectividad a las áreas y sectores no alcanzados, cabe recordar que la regulación del año 2000 previó la creación del Servicio Universal, pero sólo en el 2007 se habilitó una cuenta bancaria para que los operadores depositaran el 1% de su facturación para financiarlo. Tres años después, esos recursos aún no han sido utilizados.
Todo esto sirve para entender que, al menos en este caso, las cosas no suceden porque sí.