Anunciado por el propio Ministro de Comunicaciones meses atrás, el gobierno se encuentra delineando un decreto que “acomode las fichas” en el sector de la convergencia mientras se espera por la próxima ley que organizará al sector. La falta de una descontada lluvia de inversiones (que mueve cifras muy superiores a las de otras actividades) así como la demanda por definiciones técnicas en materia de convergencia por el ingreso de operadores en negocios hasta ahora vedados pusieron en evidencia las falencias del decreto 267. Así se hizo necesario un nuevo instrumento legal que hiciera algunos ajustes. Primero se habló de mediados de noviembre. Luego se dijo que sería para principios de diciembre. Los días pasaron, los diversos borradores fueron circulando, pero sobre el filo del año el decreto sigue sin recibir la firma del presidente, quien partió de vacaciones. Así, se impone una nueva fecha, estimada para alrededor de mediados de enero mínimamente. Por ahora.
Sin un decreto oficializado, no tiene sentido analizar o debatir sobre medidas que no están firmes. Pero sí se puede jugar con cuáles medidas podrían ser adecuadas para desempantanar a la industria y permitirle que recobre un necesitado impulso que, haciéndola crecer, termine beneficiando al país y sus habitantes.
La de la convergencia en Argentina es una industria donde no hay entrantes puros, sino actores originalmente de las telecomunicaciones y de la televisión paga que necesitan sumar algún servicio (TV en el caso de los primeros y comunicaciones móviles para los segundos) que les permita completar su oferta convergente. Visto así, los entrantes no son jugadores nuevos en el país o la industria, sino actores actuales (algunos muy relevantes) buscando ampliar sus servicios. No obstante, se puede igualmente utilizar el concepto de entrante pensando en términos pre convergentes para identificar las medidas necesarias para que la totalidad de los actores puedan dar todos los servicios en un terreno nivelado.
La convergencia está compuesta por tres negocios: la banda ancha fija (donde se puede incluir a la telefonía), la TV paga (terrestre o satelital) y las comunicaciones móviles. Cualquier actor convergente debe estar en condiciones de dar estos servicios competitivamente.
Por ser una actividad que no tuvo restricciones desde sus inicios, hoy son muchos los proveedores de banda ancha fija, siendo los más importantes tres de los cuatro grandes operadores del mercado: Cablevisión (Fibertel), Telefónica (Speedy) y Telecom (Arnet). El cuarto es Claro, cuyo servicio de banda ancha es muy acotado. Si bien normalmente, cualquier actor puede dar servicios de banda ancha, la regulación vigente impide que convivan bajo un mismo operador servicios de banda ancha y de TV satelital. Se trata claramente de un impedimento regulatorio, pero no técnico. Por su amplia cobertura y con una infraestructura terrestre que sólo requiere de una antena en el domicilio del abonado, es de rápido despliegue, lo que preocupa a los operadores con red, particularmente los de TV. No tan así en el caso de los operadores de banda ancha, ya que el costo por Mb de las conexiones satelitales suele ser notoriamente más caro, quedando entonces circunscripto el servicio de banda ancha satelital a zonas sin cobertura de las redes fijas. Por lo tanto, siendo que esta restricción es sólo de orden regulatorio, lo natural sería eliminarla lo más pronto posible.
La TV paga también es un servicio que no tiene limitaciones técnicas sino puramente regulatorias. En principio, cualquier operador con una red de banda ancha está en condiciones técnicas de ofrecer TV. Este servicio además tiene la ventaja de incentivar al despliegue de redes de mayor capacidad, con lo que tiene un impacto secundario positivo sobre la disponibilidad de banda ancha. Por otra parte, el negocio de la TV paga suele tener actores dominantes en las regiones que cubre cada uno de éstos, por lo que eliminar las restricciones a los operadores de banda ancha sería muy positivo en términos de competencia, tanto en precios como en calidad del servicio.
El caso de los servicios móviles es más complejo ya que éstos se basan en el acceso a un recurso escaso como es el espectro radioeléctrico, lo que limita la cantidad de actores. Esta limitación se puede acotar poniendo a disposición todo el espectro atribuido a servicio móviles, reatribuyendo espectro originalmente de servicios fijos (banda ancha y TV) a servicios móviles y con reglas de juego claras y viables para el desarrollo de los operadores virtuales móviles (OMV).
Poner a disposición todo el espectro atribuido a servicios móviles implica no sólo terminar de limpiar la banda de los 700 MHz, otorgada en la licitación para servicios 4G, lo que está previsto que ocurra en marzo del 2017. También debe resolverse lo antes posible la judicialización del espectro otorgado en aquella licitación a Arlink y que hoy se encuentra sin uso. Como se ve, es mucho el espectro atribuido sin uso. Un desperdicio.
La reatribución de espectro es una facultad que tiene el regulador y que sin dudas debería ser ejercida. Claro que no se trata de un mecanismo simple. Para una misma porción de espectro, su valor si éste puede utilizarse para servicios móviles en vez de fijos se multiplica. También hay que determinar si con la reatribución este espectro puede seguir en manos de sus actuales tenedores o si debe recuperarse para volver a ponerlo a disposición de las empresas interesadas. En ambos casos este mayor valor puede traducirse en un pago por el mismo y/o en compromisos de inversión y despliegue, en un área geográfica y en un período determinado.
Por debajo de estas grandes líneas entran a tallar aspectos más técnicos, como las condiciones de interconexión (en redes fijas como móviles), las de roaming (en móviles) así como las obligaciones y derechos de contenidos a transportar (en TV paga). Aquí el regulador puede apelar a condiciones asimétricas entre los actores en función de su relevancia de forma tal de estimular el desarrollo de nuevos actores convergentes por un plazo a determinar. Si las asimetrías se aplican en forma permanente terminan siendo distorsivas.
Para llevar adelante las modificaciones necesarias en el entorno regulatorio, conviene recordar que éste debe tener como objetivo la disponibilidad de más y mejores servicios, accesibles para una mayor proporción de la población. Si esto se logra tendremos paralelamente una industria sana y pujante.
Exprimiendo el espectro
Una de las características distintivas de la regulación de las comunicaciones móviles frente a las fijas es que las primeras dependen de un recurso escaso, como es el espectro. Esta escasez es la madre de las múltiples tensiones entre operadores y el regulador, ya que termina siendo la que define quién participa y quién no de este negocio.
Un paliativo para esta escasez es el modelo de OMV ya que permite a un operador sin espectro dar servicios montado sobre la infraestructura de un operador con red y, punto clave, con espectro. Al mismo tiempo, y por ser un bien muy acotado, los mismos operadores de red no se sienten muy a gusto teniendo que compartir su espectro con los OMV. Algo que todos los operadores de red hicieron saber, con distinto grado de intensidad, al regulador con motivo de presentar sus ofertas de referencia para ofrecer servicios para OMV. Y que aprovecharon para exigir se les entregue de una buena vez el espectro en 700 MHz “limpio” y por el cual ya pagaron.
Ante este cuadro de situación, el Ministerio de Comunicaciones se encuentra buscando las formas de exprimir al máximo el espectro técnicamente disponible. Y a juzgar por las declaraciones del Ministro, los caminos serían dos: atribuir espectro entregado inicialmente para servicios fijos para que pueda ser usado para servicios móviles y poner a disposición de pymes el espectro en litigio entre Arlink y Arsat, cuando este tema esté finalmente resuelto en la justicia (a favor de la segunda, claro está).
La “recategorización” de espectro para convertirlo de fijo a móvil no es nueva. Sin ir más lejos, eso fue lo que sucedió con la banda de 700 MHz, originalmente asignada para dar servicios fijos de TV y que luego fuera atribuida para servicios móviles. De hecho, este cambio es el que trajo aparejado los inconvenientes actuales que hacen que la banda esté “sucia” por el uso de servicios de TV paga inalámbrica. Entre las posibles bandas que cambiarían de uso fijo a móvil, tiempo atrás el regulador identificó a la banda de 2600 MHz, mencionada en la Resolución 2531, como utilizable para servicios móviles, aunque también se especula con otras. Claro que también esta posibilidad genera expectativas en Cablevisión, quien quiere convertir el espectro que adquirió a distintos ISP para usarlo para dar servicios móviles con Nextel. El tema aquí no será técnico sino político-económico, a resolver por el regulador.
Por otra parte, hay confianza en que el conflicto con Arlink por el espectro para servicios 3 y 4G que se encuentra judicializado se resuelva favorablemente para el Estado, quien lo recuperaría. La intención del regulador es ponerlo a disposición nuevamente, pensando en las pymes. Si bien no lo aclararon, seguramente la idea sea ponerlo a disposición regionalmente, ya que ninguna pyme está en condiciones de desplegar una red nacional. La lógica indica entonces que las áreas podrían ser las mismas que cubren con sus servicios fijos, donde debería desplegar su infraestructura, extendiendo el servicio en otras geografías vía roaming. De llevarse a cabo, estaríamos hablando no ya de un 4° operador sino de varios 4° operadores, cada uno cubriendo un área geográfica regional y no nacional, como es el caso de los 3 grandes (Claro, Movistar y Personal).
Por otra parte, no habría que descartar que el espectro se otorgue no en base a un pago que hagan los operadores sino en base a metas de inversión y cobertura a lo largo del tiempo. Informalmente, desde el gobierno afirman que en esta materia su objetivo no es recaudador sino asegurar y acelerar el despliegue de infraestructura. Todo un guiño. Por otra parte, desde las cámaras de Internet (Cabase), de telefonía IP (Catip) y de la industria del cable (ATVC) afirman que comprometerán US$ 500 millones para invertir en dar servicios móviles a sus clientes.
Sin dudas, parece estar cocinándose una movida importante en materia de comunicaciones móviles. Las próximas semanas serán de definiciones.
Ola inversora
Es bien sabido que la industria de las telecomunicaciones, como toda actividad ligada a la infraestructura, es capital intensiva, demandando continuas inversiones no sólo para mantener lo que está sino para seguir el ritmo de la evolución tecnológica propia de la actividad. Pero también es importante tener en cuenta que el nivel de inversión, y por ende de calidad y actualización de las redes, está íntimamente ligado al marco regulatorio en el cual se desenvuelve.
Hasta principios de 2014 la constante era escuchar a reguladores y políticos reclamar a las empresas del sector un mayor nivel de inversión. Sin embargo, el mismo no se incrementó significativamente sino hasta este año. En 2015 Telefónica declara inversiones por $ 8.500 millones o unos US$ 900 millones. Claro anunció que desembolsará US$ 2.650 millones entre 2015 y 2019, a razón de US$ 530 millones anuales o unos $ 5 mil millones. Telecom acaba de declarar que invertirá $ 30.000 millones entre 2015 y 2017, equivalentes a $ 10.000 millones o poco más de US$ 1.000 millones promedio por año. Incluso Cablevisión, que no está presente en el negocio móvil invertirá US$ 400 millones sólo durante este año. De cumplirse estos anuncios, este año entre los cuatro actores principales del negocio argentino de las telecomunicaciones la inversión sería superior a los US$ 2.800 millones.
¿A qué se debe este frenesí inversor? Básicamente a que la regulación comenzó a levantar restricciones. Los dos hechos más relevantes fueron la licitación de espectro para 4G y la habilitación a las empresas de telecomunicaciones a dar servicios de comunicación audiovisual (léase TV). En el caso de 4G las inversiones van desde el nuevo equipamiento de red con tecnología LTE, la instalación de nuevas antenas y la conexión de las mismas por fibra óptica. Por otra parte, Telecom y Telefónica también deben destinar capital a la mejora de la capacidad de su red fija si es que pretenden participar del negocio de la TV paga, lo que implica extender el alcance de la fibra óptica. Esto repercute en los planes de otros actores, tal el caso de Cablevisión, que no se sentó a esperar a ver qué hacen las telcos e invierte para mejorar la capacidad de su red y en el desarrollo de una plataforma OTT que permitirá distribuir su servicio por las redes de banda ancha. También la compra de Nextel (hoy en disputa con el regulador) es parte de las inversiones necesarias para seguir siendo un actor relevante del mercado de las telecomunicaciones a futuro.
Más allá de las diferencias, hay que reconocer que en esto influyó el giro copernicano dado por el regulador. Éste asumió a principios de 2013 con una política de confrontación, pensando que todo se arreglaba en base a retos y multas, pero que tuvo la flexibilidad para cambiar y darse cuenta que el verbo era “habilitar”. Esto comenzó a suceder un año después, con la puesta en marcha de la licitación de 4G primero y los cambios introducidos en materia audiovisual después. No obstante, a pesar de estos méritos no todo fue positivo en el accionar del regulador. En relación a la licitación 4G, su plan para el desarrollo de un 4° operador fue un fracaso, asignando el espectro a un actor como Arlink que claramente y desde el vamos no estaba en condiciones de asumir ese papel. Un error que se vio agravado por la demora en declarar desierta esa asignación. Otro ítem en el Debe fue el encaprichamiento en el trato hacia Cablevisión, enmarcado en el enfrentamiento del Gobierno Nacional con el Grupo Clarín, pensando más en las rencillas personales que en la conveniencia del país. La situación se vio agravada porque extendió las limitaciones a toda la industria de la TV por cable, imponiéndole límites al desarrollo de las redes vía la ley de Servicios de Comunicación Audiovisual y dejándola fuera de cualquier tipo de participación en el recientemente anunciado desarrollo de la red móvil que tendrá que llevar a cabo Arsat luego de la asignación del espectro móvil originalmente adjudicado a Arlink.
En definitiva, todo esto demuestra el rol que juega el regulador en una actividad que es muy sensible a sus decisiones. Y marca también que así como es importante que éste controle, también lo es que permita, liberando las fuerzas detrás del avance tecnológico y de la competencia. En el caso particular de Argentina, el agregado de un trato ecuánime a los distintos jugadores sería un factor que ayudaría a un mayor desarrollo de una infraestructura clave en la sociedad y economías del siglo XXI. Ojalá esta visión sea compartida.
Caballo de Troya
Quizás para aprovechar el momentum generado por el lanzamiento del segundo satélite argentino, el ARSAT-2, el gobierno envió al Congreso Nacional el proyecto de proyecto de Ley de Desarrollo de la Industria Satelital Argentina. En menos de una semana, el mismo obtuvo dictamen favorable en las comisiones de Sistemas, Medios de Comunicación y Libertad de Expresión, y de Presupuesto y Hacienda para luego ser votado por unanimidad en la Cámara de Senadores. Un éxito total aunque por lo rápido de su tratamiento podría estar indicando que no hubo un análisis a fondo por parte de los legisladores.
A pesar de lo que indica su nombre, el mismo incluye también la transferencia de la explotación de las bandas de frecuencias de 3G y 4G a ARSAT, correspondientes al lote que quedó desierto. Las comparaciones con el intento anterior, en 2012, cuando a ARSAT se le asignaron las frecuencias (por entonces sólo las de 3G) son inevitables.
En aquella ocasión, bajo el nombre de Libre.ar, la idea fue crear un operador mayorista. Inicialmente éste daría servicio únicamente a otros operadores (principalmente a empresas privadas de todo tamaño y cooperativas). Luego la intención fue que estos otros operadores comercializaran el servicio móvil bajo la marca Libre.ar. La historia es conocida. Ninguno de los dos modelos avanzó. Como tampoco lo hizo el despliegue de la red. Pasaron 2 años y ese espectro se licitó y distribuyó entre Claro, Personal y Arlink, junto con espectro para 4G. Como Arlink no pudo afrontar el pago correspondiente, su espectro quedó vacante y es el que ahora se busca transferir por ley nuevamente a ARSAT.
El proyecto que ahora espera su aprobación en la Cámara de Diputados no tiene exactamente el mismo espíritu de aquel primer intento. Ahora se contempla la posibilidad de asociarse con cooperativas, municipios, organismos y sociedades del Estado, pero no con empresas privadas. Así quedan afuera todos los operadores de telecomunicaciones privados, lo que incluye a telcos, cableras y PyMEs del sector. Esto debería ser revisado ya que éstas podrían aprovechar (al menos durante muchos años) una red con mucha más capacidad disponible que la que podrían ofrecer Claro, Movistar o Personal, cada una con aproximadamente 20 millones de líneas en servicio.
El proyecto de ley no sólo incluye el tema del espectro para servicios móviles y su utilización, sino que también menciona las importantes inversiones necesarias, su explotación atendiendo “sectores menos ‘rentables’ en términos financieros”, el ingreso de Municipios, Cooperativas y Sociedades nacionales y provinciales con participación estatal mayoritaria, el desarrollo de servicios de seguridad pública, despliegue de banda ancha de última milla y otros. Demasiados temas apenas mencionados al pasar que en realidad requerirían de una ley propia y no ser un anexo de otra que apunta a un tema sustancialmente distinto.
Finalmente, hay un punto sobre el cual no se ha debatido pero que puede significar entrar en un callejón sin salida. Se trata de la exigencia de 2/3 de los votos del Congreso para tanto para la venta de acciones de ARSAT así como, y más importante, “cualquier acto o acción que limite, altere, suprima o modifique el destino, disponibilidad, titularidad, dominio o naturaleza de los recursos esenciales y de los recursos asociados” que pertenezcan o sean asignados a ARSAT. Dicho de otra forma, si llegara a repetirse la situación de la primera versión de Libre.ar, que por motivos desconocidos nunca comenzó a funcionar, sería muy complejo reasignar el espectro transferido a ARSAT. Si esto ocurriese, el país estaría desaprovechando un recurso valioso y finito.
Desde un punto de vista lógico, resulta extraño que una mayoría simple tome una decisión que exija 2/3 de las voluntades para alterarla. No obstante, esto no parece ser un tema de preocupación para nuestros senadores que aprobaron el proyecto de ley por unanimidad. Es de esperar un tratamiento más meticuloso por parte de los diputados.
Reposición
Hay algo que ni sus detractores pueden negarle al gobierno, y es su capacidad para sacar conejos de la galera. El conejo de esta semana fue el anuncio de la decisión de transferir a la empresa estatal Arsat la explotación de las frecuencias del espectro para 3G y 4G que habían sido retiradas a Arlink recientemente por falta de pago.
La primera sensación obvia es de déjà vu. Efectivamente, cuando en el 2012 se decidió dejar sin efecto un llamado a la licitación para otorgar el espectro remanente para servicios 2G y 3G devueltos por Movistar, el mismo fue asignado a Arsat a través de la creación del operador Libre.ar. El desenlace es conocido: luego de 2 años sin ningún avance, el gobierno decidió quitarle ese espectro a Arsat y ponerlo en juego junto con el espectro para 4G que se terminó asignando a fines del año pasado.
¿Qué cambió de diciembre ahora? Que Clarín compró Nextel. Un sapo muy difícil de tragar para este gobierno que hizo de su enfrentamiento con este grupo un símbolo, la madre de todas las batallas. La prueba está en la reacción de la AFTIC ante el anuncio de la operación: ordenar la marcha atrás so pena de dejar a Nextel sin licencia y no renovar los plazos para varias frecuencias vencidas. Esto sucedió el viernes 25 y tan sólo 5 días después se anuncia la transferencia de las frecuencias para 3 y 4G a Arsat. Con esto el gobierno trata de dinamitar la operación Nextel-Clarín. Es que sin espectro nuevo, el negocio de Nextel terminará siendo, tarde o temprano, el de alquilar sitios para antenas.
En teoría, no habría impedimentos para que Arsat reciba espectro y desarrolle un servicio móvil. Por un lado, la ley Argentina Digital (promulgada a fines del 2014) establece en su artículo 31 que “la Autoridad de Aplicación podrá asignar en forma directa frecuencias a organismos nacionales, entidades estatales y entidades con participación mayoritaria del Estado nacional”. Pero el gobierno considera que esto no es suficiente reaseguro e incluyó este tema en el Proyecto de Ley de Desarrollo de la Industria Satelital Argentina (sí, medio descolgado con este nombre, pero es un anexo del proyecto). Quizás no confíen en la suerte de AFTIC en el próximo gobierno y prefieran el rigor de una ley, que además contempla la necesidad de 2/3 de las cámaras legislativas para cualquier transferencia del control de Arsat así como para la venta de recursos y de tecnología que maneja la empresa. Una forma, más coercitiva que por consenso, de establecer políticas de Estado.
Nueva oportunidad
La operación Cablevisión-Nextel cobra particular relevancia cuando el gobierno acaba de anular la asignación de espectro 3 y 4G realizada oportunamente a Arlink. Con ese espectro sin uso es necesario plantearse cuáles podrían ser las formas de aprovecharlo.
Lo que demostró la última licitación es que son muy pocos los interesados en ocupar el rol de 4° operador. Nextel y Cablevisión, cada uno por su lado, compraron los pliegos pero desistieron de participar, entre otras razones, por las condiciones establecidas. Por su parte, el ganador (Arlink) no pudo afrontar siquiera el gasto en el espectro, con lo cual mucho menos hubiera podido hacerlo con el capital necesario para desplegar la red.
Hoy, apenas si podría pensarse en dos interesados. Uno sería claramente el tándem Cablevisión-Nextel. El otro podría ser, quizá, AT&T-DirecTV. Pero aún no está claro si AT&T quiere avanzar con servicios móviles en Latinoamérica. Sí lo hizo en México, pero vía adquisiciones de operaciones existentes y no desplegando red desde cero. Lo que tienen en común Cablevisión y AT&T es que ambos tienen otro negocio que se potenciaría con servicios móviles. Pero en Argentina, Cablevisión le saca ventaja claramente a AT&T ya que la primera cuenta con una extendida red fija de la cual la segunda carece.
No obstante, para Cablevisión la adquisición de Nextel no alcanza y necesita espectro para 3 y 4G para completar su oferta. Y el mayor aporte de Nextel no es su base de clientes ni su negocio (todavía rentable per se), mucho menos su tecnología, en franca retirada. Ni siquiera su frecuencia asignada, que si bien puede técnicamente ser utilizada para dar servicios 4G, no sería eficiente ni en términos tecnológicos ni económicos. Lo que es realmente relevante son sus 1.000 sitios de antenas. Todos aquellos que operan en forma inalámbrica, tanto móvil como fija, saben que la instalación de antenas es un tema que no se resuelve únicamente con dinero. Deben enfrentar también trabas burocráticas y resistencia de la población. Por lo tanto, contar con 1.000 sitios ya habilitados es un activo valiosísimo.
Resulta evidente entonces que, de aprobarse la compra de Nextel, Cablevisión queda posicionada como el candidato natural para convertirse en el 4° operador. No obstante, por las condiciones de mercado, con 3 operadores con aproximadamente 20 millones de líneas en servicio cada uno y participaciones de mercado equivalente, Cablevisión no apunta a competir mano a mano con los otros operadores móviles. Lo que busca es completar su oferta de conectividad y contenidos a través de redes fijas con productos móviles y de paso apuntalar la retención de clientes en un mercado que se pondrá más competitivo en el mediano plazo por el ingreso de las telcos al negocio audiovisual.
En este escenario, surge una oportunidad interesante para analizar que es la posibilidad de armar una suerte de unión de empresas con cables locales o regionales así como con cooperativas y PyMEs de forma tal que éstas instalen localmente antenas y poder dar también servicios móviles que complementen su oferta.
Más allá de las especulaciones, lo concreto es que las condiciones para otorgar espectro para un 4° operador deberán ser distintas a las de la última licitación, que en este aspecto fracasó claramente. Y al margen de la operación Cablevisión-Nextel, quienes lleven adelante el diseño del mecanismo para otorgar el espectro deberán demostrar creatividad no sólo para favorecer el surgimiento de un 4° operador que sea viable. También aprovechar la oportunidad para permitir que un negocio naturalmente concentrado por el uso de un recurso escaso (como es el espectro) pueda dar lugar para que los cientos de empresas de telecomunicaciones del país (entre cableras, PyMEs y cooperativas) puedan tener una oferta fija y móvil.
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Crónica de una muerte anunciada
Lo que era percibido como un desenlace ineludible se concretó finalmente esta semana: la AFTIC dejó sin efecto la adjudicación de espectro para telefonía móvil a favor de Arlink dado que la empresa no cumplió con las obligaciones del Pliego. En consecuencia, se declaró desierto el concurso público del Lote 1 de la licitación de espectro para servicios móviles de 3G y 4G.
Más allá de si Arlink está en condiciones financieras y económicas de convertirse en el 4° operador móvil, lo cierto es que el pliego de la licitación establecía términos inviables para un entrante. Esta fue la razón por la cual (entre otras) tanto Cablevisión como Nextel desistieron de ofertar a pesar de haber comprado los pliegos. Hay que tener en cuenta que un 4° operador deberá medirse contra actores instalados y con participaciones similares, en un mercado totalmente maduro y penetrado, lo que exige competir inicialmente sobre la base de usuarios existentes y no en un mercado en crecimiento. Esto, que de por sí ya es dificilísimo, se ve agravado por el alto costo del espectro (US$ 506 millones) y por metas de despliegue que apenas eran unos meses superiores a las de los operadores actuales. Un camino muy cuesta arriba como para conducir al éxito.
Según la información de AFTIC, “con esta decisión, concluyó formalmente el proceso licitatorio del lote mencionado enmarcado en la licitación de espectro radioeléctrico más grande de la historia argentina, iniciada en mayo del año 2014”. Esto significaría que de volver a ponerse en juego este espectro, podrá serlo en condiciones totalmente distintas a las de la licitación original. Se trata entonces de una excelente oportunidad para revisarlas y ofrecer condiciones más favorables y, por qué no, creativas que permitan utilizar ese espectro de la manera más conveniente para las necesidades del país y de la industria. Un borrón y cuenta nueva que significaría una nueva oportunidad de hacer las cosas bien.
Una crisis, una oportunidad
Ya han pasado 7 meses desde la adjudicación de espectro para 3 y 4G que tuvo cuatro ganadores. Los tres operadores incumbentes, Claro, Personal y Movistar, y el entrante, también llamado 4° operador, Arlink. Los tres primeros ya pagaron los montos ofertados y recibieron todo el espectro ganado. En el caso de Arlink, se le adjudicó el espectro pero a pesar de los meses transcurridos desde la aceptación de su oferta, en diciembre pasado, pidió más tiempo para juntar los US$ 506 millones que ahora le corresponde pagar. Asombroso.
Por lo pronto, no se conoció ninguna reacción oficial ante la falta de pago de Arlink, quien disponía de 10 días para pagar desde el momento de la adjudicación oficial, la cual se concretó el 12 de junio pasado. No obstante, según el art. 48 del pliego licitatorio, “si el adjudicatario no cumpliera con lo señalado se tendrá por decaída la adjudicación”. De aplicarse, esto implicaría que todo el espectro para el 4° operador estaría vacante y el Estado debería volver a ponerlo en juego.
Si así sucediese, sería una gran ocasión para revisar las condiciones de su adjudicación, que eran claramente desfavorables en el pliego original. Hay que partir de la base que se trata de un operador nuevo, que tiene por delante inversiones en red mucho mayores que aquellas de los incumbentes. Además, nace sin clientes contra las aproximadamente 20 millones de líneas que declara cada uno de éstos. Esta asimetría exige entonces también condiciones mucho más favorables para que pueda, lo más rápidamente, entrar en funcionamiento y sumar competencia. Esto implicaría un precio del espectro sustancialmente menor, cuando no sin costo a cambio de objetivos de despliegue de red. Al mismo tiempo, los plazos para el despliegue de la red deberían ser más extensos que los de sus competidores y/o con exigencias de compartición de infraestructura. Solo con requisitos de esta índole Argentina podría seriamente soñar con agregar un 4° operador al mercado móvil en condiciones de generar competencia y ser una alternativa real para los usuarios.
Hay muchos en la industria que piensan que no hay espacio para un operador con red adicional. Viendo las tendencias en la industria a nivel global, puede ser que así sea. Pero no sería el Estado quien debiera cercenar las ambiciones de ninguna empresa que quiera intentarlo. En el ínterin, el espectro para el 4° operador entraría en uso (cosa que hoy no ocurre), el Estado se beneficiaría con la recaudación por espectro (si la hubiere), habría inversiones y se crearían puestos de trabajo y los usuarios dispondrían de una nueva alternativa. En definitiva, todos ganarían. ¿Será así?
Puntadas finales
Esta semana, la Secretaría de Comunicaciones dio los últimos pasos como para ir cerrando la licitación de 4G, proceso que todavía se encontraba inconcluso. Las noticias fueron dos: la asignación (finalmente) del espectro en 700 MHz para Claro, Movistar y Personal, y la asignación completa de espectro (para 2/3G, AWS y 700 MHz) a Arlink, que además fue registrada para la prestación de servicios móviles.
La asignación de los 700 MHz es importante porque facilita la llegada del servicio a zonas de baja densidad poblacional. Esto se debe a que cuanto más baja la frecuencia, mayor es su cobertura geográfica, lo que permite cubrir una misma área con menos antenas que en frecuencias más altas. Se trata de una capacidad importante no sólo para las áreas rurales sino también para ofrecer cobertura en las rutas, las cuales están incluidas en las distintas etapas previstas para el despliegue de 4G. Por otra parte, las frecuencias más bajas tienen mejor propagación, lo cual les permite penetrar en edificios, algo beneficioso en áreas de urbana.
Claro que la llegada con atraso de los 700 MHz seguramente impactará en los tiempos de despliegue. Hay que recordar que la primera etapa tiene una duración de 18 meses, lo que en teoría implica que se cumpliría hacia junio/julio de 2016. Pero siendo que la frecuencia de mayor cobertura se asignó 6 meses después que la de AWS y que esta es indicada para los corredores viales (que en total suman más de 5.000 Km en la primera etapa), no sería de extrañar que las empresas reclamen que el plazo de 18 meses comience a correr a partir de la entrega de los 700 MHz y no desde diciembre pasado, cuando se les asignó únicamente frecuencia AWS (que es la utilizada hoy para dar servicios 4G).
Por otra parte, el registro de Arlink como prestador de servicios móviles y la asignación del espectro para tal fin implican el surgimiento del 4° operador móvil (o 5° si se tiene en cuenta a Nextel, aunque con otra tecnología y frecuencias). En el mercado siempre hubo dudas respecto de la capacidad económica de Arlink para hacer frente a las obligaciones que tiene por delante (espectro y despliegue de red). Las mismas quedarán develadas la semana próxima, cuando venza el plazo para que Arlink deposite el pago por el espectro.
Más allá de los nombres, lo cierto es que las condiciones para el 4° operador son draconianas. Se trata de un actor que arranca en franca desventaja respecto de los otros tres, sin red, sin sitios para antena y sin clientes. No obstante, el precio fijado al espectro para el 4° operador no fue sustancialmente menor que para los existentes. De hecho, Arlink ofreció US$ 506 millones. A esto hay que sumar el desembolso en el despliegue de red. Aquí es más difícil determinar su envergadura, pero si cada uno de los operadores existentes estima que deberá invertir alrededor de US$ 2 mil millones en total, claramente lo que deba desembolsar un operador sin nada de red previa será un monto superior. Por otro lado, en términos de plazos para el despliegue, el 4° operador apenas si tiene 6 meses más por etapa, en el mejor de los casos. Todo esto para alguien que debe ingresar a un mercado maduro, con una penetración en líneas superior al 100% de la población. Bajo estas condiciones, el surgimiento de un 4° operador es una quimera.
Con este escenario, los próximos días serán seguramente ricos en definiciones. Como dicen los gringos, “stay tuned”.