Es bien sabido que la industria de las telecomunicaciones, como toda actividad ligada a la infraestructura, es capital intensiva, demandando continuas inversiones no sólo para mantener lo que está sino para seguir el ritmo de la evolución tecnológica propia de la actividad. Pero también es importante tener en cuenta que el nivel de inversión, y por ende de calidad y actualización de las redes, está íntimamente ligado al marco regulatorio en el cual se desenvuelve.
Hasta principios de 2014 la constante era escuchar a reguladores y políticos reclamar a las empresas del sector un mayor nivel de inversión. Sin embargo, el mismo no se incrementó significativamente sino hasta este año. En 2015 Telefónica declara inversiones por $ 8.500 millones o unos US$ 900 millones. Claro anunció que desembolsará US$ 2.650 millones entre 2015 y 2019, a razón de US$ 530 millones anuales o unos $ 5 mil millones. Telecom acaba de declarar que invertirá $ 30.000 millones entre 2015 y 2017, equivalentes a $ 10.000 millones o poco más de US$ 1.000 millones promedio por año. Incluso Cablevisión, que no está presente en el negocio móvil invertirá US$ 400 millones sólo durante este año. De cumplirse estos anuncios, este año entre los cuatro actores principales del negocio argentino de las telecomunicaciones la inversión sería superior a los US$ 2.800 millones.
¿A qué se debe este frenesí inversor? Básicamente a que la regulación comenzó a levantar restricciones. Los dos hechos más relevantes fueron la licitación de espectro para 4G y la habilitación a las empresas de telecomunicaciones a dar servicios de comunicación audiovisual (léase TV). En el caso de 4G las inversiones van desde el nuevo equipamiento de red con tecnología LTE, la instalación de nuevas antenas y la conexión de las mismas por fibra óptica. Por otra parte, Telecom y Telefónica también deben destinar capital a la mejora de la capacidad de su red fija si es que pretenden participar del negocio de la TV paga, lo que implica extender el alcance de la fibra óptica. Esto repercute en los planes de otros actores, tal el caso de Cablevisión, que no se sentó a esperar a ver qué hacen las telcos e invierte para mejorar la capacidad de su red y en el desarrollo de una plataforma OTT que permitirá distribuir su servicio por las redes de banda ancha. También la compra de Nextel (hoy en disputa con el regulador) es parte de las inversiones necesarias para seguir siendo un actor relevante del mercado de las telecomunicaciones a futuro.
Más allá de las diferencias, hay que reconocer que en esto influyó el giro copernicano dado por el regulador. Éste asumió a principios de 2013 con una política de confrontación, pensando que todo se arreglaba en base a retos y multas, pero que tuvo la flexibilidad para cambiar y darse cuenta que el verbo era “habilitar”. Esto comenzó a suceder un año después, con la puesta en marcha de la licitación de 4G primero y los cambios introducidos en materia audiovisual después. No obstante, a pesar de estos méritos no todo fue positivo en el accionar del regulador. En relación a la licitación 4G, su plan para el desarrollo de un 4° operador fue un fracaso, asignando el espectro a un actor como Arlink que claramente y desde el vamos no estaba en condiciones de asumir ese papel. Un error que se vio agravado por la demora en declarar desierta esa asignación. Otro ítem en el Debe fue el encaprichamiento en el trato hacia Cablevisión, enmarcado en el enfrentamiento del Gobierno Nacional con el Grupo Clarín, pensando más en las rencillas personales que en la conveniencia del país. La situación se vio agravada porque extendió las limitaciones a toda la industria de la TV por cable, imponiéndole límites al desarrollo de las redes vía la ley de Servicios de Comunicación Audiovisual y dejándola fuera de cualquier tipo de participación en el recientemente anunciado desarrollo de la red móvil que tendrá que llevar a cabo Arsat luego de la asignación del espectro móvil originalmente adjudicado a Arlink.
En definitiva, todo esto demuestra el rol que juega el regulador en una actividad que es muy sensible a sus decisiones. Y marca también que así como es importante que éste controle, también lo es que permita, liberando las fuerzas detrás del avance tecnológico y de la competencia. En el caso particular de Argentina, el agregado de un trato ecuánime a los distintos jugadores sería un factor que ayudaría a un mayor desarrollo de una infraestructura clave en la sociedad y economías del siglo XXI. Ojalá esta visión sea compartida.
