AutorEnrique Carrier

Analista del mercado de telecomunicaciones y nuevos medios, basado en Buenos Aires, Argentina

Un país smartphoneado

Con ventas anuales que promediaron los 9,5 millones de unidades en los últimos 3 años, el mercado móvil argentino se encuentra hoy dominado por los smartphones, según surge del informe “Mercado Celular Argentino 2016” recientemente finalizado por Carrier y Asociados.
Con 22,8 millones de smartphones en uso, la penetración de éstos sobre la población es del 54%. Es preferible calcular la penetración sobre población y no sobre líneas, ya que en este último caso la base es un tema discutible [ver “Contando líneas”]. Considerar a la población como base de cálculo de penetración es tomar un parámetro menos arbitrario.
Por otra parte, con más de 6 millones de unidades, los equipos 4G (todos ellos smartphones) tienen una penetración sobre la población del 14%.

Considerando que el total de nuevos celulares serán smartphones, para fines de este año la penetración de éstos llegaría al 63%, mientras que la de 4G superaría el 35% (sin considerar un eventual Plan Canje).

Buscando a D’Artagnan

En Argentina hay anhelos, que no se terminan de concretar no obstante ser recurrentes. Pasó con el puente sobre el Rio de La Plata para conectarnos con Uruguay. Igual que el traslado del Aeroparque a Ezeiza. Y así se podrían nombrar otros grandes proyectos. En la industria de las telecomunicaciones el anhelo recurrente es el del 4° operador móvil. Tema que esta semana fue reflotado, casi como al pasar, en un artículo de La Nación sobre el también reflotado Plan Canje de celulares.
El artículo, textualmente, dice: “En el Gobierno, en tanto, hay funcionarios que están convencidos de que se debe romper el oligopolio del mercado de telefonía móvil, repartido entre tres compañías. Según pudo saber LA NACION, hay negociaciones abiertas para interesar a un cuarto operador; los contactos están avanzados con dos empresas estadounidenses, según confiaron fuentes oficiales.
Una duda que surge de esta información es cuál es la visión del gobierno en relación a Nextel como un posible 4° operador si lo que hace es establecer contacto con empresas que no operan en el país. A priori, por tener ya operaciones en el país y ser parte de un actor fuerte en el sector de las telecomunicaciones, Nextel suena a candidato natural. Quizás lo que el gobierno busca es generar competencia no sólo en el mercado móvil sino también por la determinación de cuál será ese eventual 4° operador.
Evidentemente, en el gobierno hay algunos con una visión muy economicista de la industria de las telecomunicaciones que no tiene en cuenta las particularidades propias de un negocio de infraestructura, naturalmente concentrado.
Los operadores móviles en Argentina se desenvuelven en un mercado maduro que, en su modelo actual, sólo tiene un crecimiento vegetativo en término de líneas. Este ya es un primer gran obstáculo para el ingreso de un nuevo jugador, el cual deberá recurrir a estrategias comerciales muy agresivas para “robar” clientes a los operadores actuales. O sea, con un costo de adquisición de clientes altísimo, que atenta contra la rentabilidad buscada en cualquier actividad privada.
Pero es claro que no sólo se trata de un tema de costos comerciales de adquisición de clientes. Para dar servicio en idénticas condiciones que los tres operadores actuales, un nuevo operador debe hacer una inversión importantísima para desplegar una red (estimada en más de US$ 2 mil millones más las inevitables inversiones posteriores para mantenerla actualizada), al tiempo que deberá instalar antenas, con lo que los tiempos de despliegue (y de recupero de la inversión) se vuelven inciertos. Por otra parte, y considerando la evolución del negocio de las telecomunicaciones, será cada vez más difícil que un operador de red móvil no cuente paralelamente con una red fija.
Todo esto hace que pensar en un 4° operador suene a utopía, por lo menos si éste tuviera que operar bajo las mismas condiciones que los actuales tres mosqueteros. Con el escenario vigente de las telecomunicaciones autóctonas, sólo podría ser viable el surgimiento de nuevos operadores únicamente si éstos tuvieran exigencias menores en cuanto a despliegue, apuntando a una mayor competencia en áreas densamente pobladas. Así y todo, sería un desafío importante para cualquier entrante, sin ninguna garantía de éxito, amén del natural rechazo de los operadores actuales por condiciones asimétricas de operación.
De todos modos, considerando lo que sucede en otros países, resulta evidente que la oferta de operadores móviles tiende a concentrarse. Y en los casos en que esto no sucede, es porque el regulador lo impide (caso Sprint y T-Mobile en EE.UU.) y no porque la propia dinámica del negocio no lo pretenda. Así entonces, pensar que la oferta de operadores con red en lugar de concentrarse se multiplique no será tarea sencilla. Será entonces necesario que el regulador tenga un plan de contingencia en la eventualidad de que no prospere la llegada de un 4° operador. En ese caso, deberá instrumentar las medidas para que no por concentrado el mercado móvil tenga características oligopólicas. No es una tarea fácil. Pero nadie dijo que lo sería.

Tuits selectos

Cambiando de canal

Si bien los operadores móviles siguen siendo responsables por el grueso de la venta de terminales (léase smartphones), en los últimos tiempos el canal retail (los comercios minoristas como cadenas de electrodomésticos, electrónicos y supermercados) viene ganando relevancia. De hecho, en 2015 las ventas de celulares por el canal retail crecieron un 58%. Esto surge del informe “Mercado Celular Argentino 2016” recientemente finalizado por Carrier y Asociados.
El retail siempre tuvo un rol en la venta de celulares. En los años de gran crecimiento en líneas, este canal actuaba como un agente de ventas, entregando no sólo el equipo sino también la línea. Esto conllevaba una considerable carga administrativa que se justificaba por los grandes volúmenes de altas de aquellos tiempos. Pero luego el mercado fue madurando, y el negocio pasó a ser principalmente uno de reposición. La venta de celulares con línea dejó entonces de tener volumen. A esto se sumó que, fruto de esta misma madurez del mercado, los operadores comenzaron recortar los subsidios, acortando la brecha de precios entre un terminal comprado al operador (bloqueado) y un terminal liberado. Así, el retail comenzó a vender exclusivamente equipos desbloqueados, sin línea.
De este modo, la participación del canal retail en las ventas totales de celulares pasó del 20% en 2014 a 31% en 2015.

El año pasado, que se caracterizó por la caída en los volúmenes de producción local, agregó un elemento a favor del retail: la disponibilidad de una más amplia variedad de marcas y modelos. Los operadores suelen exigir un piso mínimo de volumen para incorporar un modelo a su oferta. Así, marcas y modelos de poco volumen no llegan al piso exigido, pero sí son bienvenidos en el canal retail. Es por esto que marcas locales, así como 2° y 3° marcas internacionales, lograron vender subiéndose a este canal.
La cosa promete en este 2016. Los operadores están vendiendo sus equipos liberados, igualando la oferta del retail. Por otra parte, se espera que en breve comiencen a llegar otras marcas, particularmente Apple, que se basaría en el canal retail para volver oficialmente al mercado argentino.

Actualización o papelón

La noticia tecnológica (y más) de la semana fue el inicio de la actividad comercial de Uber. De manera similar a lo ocurrido en otros países, el hecho estuvo acompañado de las naturales reacciones de los taxistas, cortando calles emblemáticas de la ciudad de Buenos Aires a modo de protesta. Se puede discutir el caso Uber en particular, pero sería más sano ver la película entera. Porque hoy será Uber. Mañana será Airbnb. Y pasado, quién sabe.
El caso de Uber es similar al de Mercado Libre. En ambos casos se trata de una plataforma que actúa como mercado, poniendo en contacto la oferta (choferes) con la demanda (pasajeros). Esto no convierte a Uber en una empresa de taxis o remises, como tampoco Mercado Libre es un hipermercado y Airbnb una cadena mundial de hoteles.
A pesar de esto, al día siguiente de su lanzamiento, la justicia, ante un pedido de los taxistas, ordenó al GCBA que arbitre las medidas necesarias para suspender cualquier actividad que desarrolle Uber hasta tanto se dicte sentencia definitiva. Asimismo, también ordenó a las diversas agencias gubernamentales pertinentes que confirmen si Uber pidió su habilitación como servicio de transporte de pasajeros, si está registrada como contribuyente y si hizo alguna presentación para actuar en el rubro transporte de pasajeros. Por lo que se ve, la justicia asume que Uber es una empresa ofreciendo servicios de transporte de pasajeros y no una plataforma en la que choferes y pasajeros se encuentran. Por esto, todos los pedidos hechos por la justicia tendrán un “no” como respuesta. Habrá que ver qué es lo que puede hacer el GCBA para suspender la actividad de Uber. Una tarea no sólo difícil, sino que puede tornarse también antipopular.
A pesar de esto, Uber sigue como si nada. Su estrategia es clarísima: avanzar a todo vapor en la difusión y crecimiento del uso de la app para que sea la misma población quien ejerza la presión social para que Uber siga funcionando y desarrollándose. Por eso redobla la apuesta mientras se ve favorecida por las acciones en su contra (decisiones legales, cortes de taxistas) que hacen que se hable de Uber en los medios, dándole un mayor grado de conocimiento en la población, y no sólo entre los potenciales pasajeros sino también entre los potenciales choferes. Y su impacto mediático es altísimo. La prueba está en que el tema Uber se instaló en la agenda de los medios el mismo día en que la ex Presidenta declaraba ante la Justicia y en que Argentina salía oficialmente del default. Así de mediático resulta.
La llegada de Uber no será el último caso de una app decidida a conectar directamente oferta y demanda. Por lo tanto, antes que seguir negando una realidad que será cada día más habitual, el gobierno debería centrar sus esfuerzos en alcanzar una actualización regulatoria que contemple estos nuevos modelos para incorporar elementos de política laboral, tributaria, de defensa del consumidor en lo general y luego otros en particular, como movilidad urbana en este caso. Se trata no tanto de lograr que estas nuevas plataformas se adapten a la regulación actual (cosa que sólo puede lograrse parcialmente), sino que la regulación se adapte a las nuevas plataformas. Tratar de rechazar estos nuevos modelos porque no se adaptan a la regulación pre existente, parece un camino a una derrota gratuita. Y una contradicción con el objetivo de lograr una ciudad moderna expresado por el actual gobierno.

Tuits selectos

Sobre Decretos y Declaraciones

Sin dudas que la noticia más relevante de la semana fue la aprobación del DNU 267/2015, el cual fuera refrendado por la Cámara de Diputados. Alcanzaba con que sólo una de las dos Cámaras lo aprobara (solo podía aprobar o rechazar, no modificar) para que el DNU fuera ratificado. Y así fue. Si bien el DNU no deroga las leyes de SCA y Argentina Digital, sí desactiva puntos clave, especialmente en materia de SCA.
Más allá de la opinión que se tenga de las leyes modificadas y del DNU, lo cierto es que la estrategia del gobierno en este rubro resultó ser eficaz. Introdujo los cambios recién asumido, aprovechando el impulso anímico natural alrededor de toda nueva gestión. Las quejas y las críticas chocaron además con el fin de año, con lo que la discusión quedó mayormente circunscripta a los ámbitos relacionados y no tanto como un tema al que el público en general le prestara mucha atención. Desde entonces, más de 3 meses después, los alineamientos políticos fueron mutando, lo que a priori parecía que podría ser una batalla dura, terminó siendo un trámite más sencillo de lo esperado. Y ciertamente más sencillo que intentar introducir las modificaciones por ley en esta etapa. Fue, en síntesis, un final anunciado. Nadie se sorprendió con el desenlace.
Ciertamente, el DNU es un parche destinado a deshacer un estado de situación pero que claramente no es el instrumento necesario para dar un marco coherente a una industria tan compleja como lo es toda aquella que surge de la convergencia. Esto será tarea de un futuro proyecto de ley que reforme, actualice y unifique definitivamente las leyes de SCA y Argentina Digital.
Más curioso fue el Proyecto de Declaración presentado por el Frente Renovador, partido que acaba de aprobar la validez del DNU. En el mismo se mostró una notable inclinación por las asimetrías regulatorias. Lo más destacable fue proponer que las empresas de telefonía puedan dar TV paga recién dentro de cinco años (prorrogables a diez), en lugar de los dos (o tres) que fijó el DNU. Afortunadamente, esto no fue más que una declaración, ya que, si efectivamente los plazos vigentes fueran los propuestos, se estaría favoreciendo notablemente a la industria del cable, aunque con un altísimo costo para el resto de los habitantes del país. Una medida de este estilo desalentaría inversiones en red fija por parte de las telcos, inhibidas de dar servicios de TV, los cuales a su vez son grandes demandantes de capacidad, impulsando su aumento.
Pero la misma Declaración presenta el mecanismo para eludir esta inhibición. La única forma prevista de acortar los plazos propuestos es ante la compra de la totalidad de los abonados de una cablera, aunque esto sería únicamente en la localización de la operación adquirida. Una forma de darles a los operadores de cable una salida frente a un escenario donde habrá cada vez más concentración. En pocas palabras, moldear el escenario para que actores medianos puedan concretar su anhelo de vender sus operaciones.
Es natural que se apele a la regulación asimétrica cuando se trata de hacer converger industrias de distintos orígenes y estados de situación. Sin embargo, la asimetría es un arma de doble filo. Aplicada en exceso crea nuevos problemas en vez de resolver viejos. La clave está en el equilibrio de estas asimetrías. Habrá que ver el peso de este enfoque cuando, quizás hacia fin de año, se empiece a debatir un nuevo proyecto de ley de telecomunicaciones o como se denomine oportunamente.

Todos unidos triunfaremos

Esta semana la GSMA realizó un seminario donde se firmó un compromiso de colaboración contra el robo de celulares. Las empresas Claro, Personal y Movistar, el Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM), el Ministerio de Comunicaciones y el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, anunciaron la creación de una herramienta para que los terminales robados y denunciados no puedan ser utilizados ni en Argentina ni en ninguna otra parte de América Latina. Se busca de esta forma de evitar la proliferación de este delito.
Bajo el nombre de Sistema de Verificación de Dispositivos (IMEI Device Check), se trata básicamente una gran base de datos creada por la GSMA que registra los IMEI (algo así como el DNI de cada terminal móvil) de los equipos denunciados como robados. De esta forma, los mismos pasan a conformar una lista negra (banda negativa) que los inhibe de ser activados en cualquier país de la región. La base de datos de la GSMA para Latinoamérica cuenta con la participación de 18 países representando 50 Operadoras compartiendo información.

El sistema que estará disponible a través el sitio web de ENACOM en donde cada usuario que desee comprar un celular (nuevo o usado) podrá verificar, a través del IMEI, si ese equipo pudo haber sido sustraído durante una situación delictiva. De ser así, el mismo no funcionará cuando se conecte a la red de cualquier operador.
La noticia fue muy bienvenida, ya que por años el robo de celulares se convirtió en una cosa cotidiana. La GSMA declaró que en Argentina se roban en promedio, 5.000 celulares diariamente. Esto, que anualizado da 1,8 millón de equipos, está en línea con cifras estimadas años atrás. Si bien el grueso de estos equipos es robado a individuos (y por lo tanto vendidos como usados), en los últimos años creció fuertemente el robo de equipos nuevos, generalmente sustraídos de depósitos o locales del canal de distribución. Es natural, se trata de un bien de alto valor y escaso tamaño.
¿Significa esto que ya está todo solucionado y no se robarán más teléfonos? No, aunque es un gran paso adelante.

Colaborando

El Seminario de la GSMA sirvió también para que las autoridades en materia de telecomunicaciones tuvieran contacto con la prensa. Los reguladores volvieron a demostrar su interés por aportar soluciones, transitorias, para la mejora de la calidad del servicio.
Por un lado, el Ministro confirmó que Arsat pondrá su espectro para servicios móviles a disposición de los operadores. Para ello, quedan por resolver dos temas. Uno es el amparo judicial presentado por el Grupo Vila-Manzano, quien había ganado originalmente la licitación por ese espectro. Su argumento es que no pudo pagar oportunamente debido a no tener acceso a dólares. Hay que recordar que eran momentos en que el gobierno nacional implementó el control de cambios. Claramente una picardía, aunque con implicancias legales. El otro punto, más relevante, es cómo se asignará ese espectro a los operadores. Esto no sólo implica definir si Nextel podrá participar en el reparto, sino cómo se hará éste, especialmente cuando el espectro le fuera asignado por ley y que esta exija 2/3 de los votos del Congreso para su enajenación. ¿Se alquilará? ¿Se licitará? ¿Participarán todos los operadores en igualdad de condiciones? Muchas preguntas sin respuesta aún.
Otro aspecto mencionado tiene que ver con la instalación de antenas. El Ministro afirmó que ya se logró un acuerdo con la Ciudad de Buenos Aires para instalar antenas en los edificios públicos, aunque no confirmó si éstos solo serán nacionales o también de la ciudad. Un próximo paso sería hacerlo en Córdoba. Sin dudas que esto ayuda, pero una solución de fondo pasa por estandarizar los requisitos en todos los distritos, una tarea mucho más trabajosa.
Finalmente, cuando parecía que el Plan Canje de celulares, anunciado con pompa pero sin detalles a fines de febrero, entraba a formar parte de la lista de anuncios no concretados, el Ministro volvió a la carga, afirmando que prevén su lanzamiento en 60 días. Si bien los detalles del mismo siguen brillando por su ausencia, los objetivos a alcanzar han sido adaptados a la realidad. En su momento se habló de incluir 10 millones de terminales en el plan. Ahora, el objetivo más modesto y mucho más cumplible es que a fin de años sean 10 millones los equipos 4G en el mercado. Un objetivo que se alcanzará tranquilamente, sin necesidad de intervención del Estado.
En la actualidad hay 6 millones de líneas en uso con equipos 4G en Argentina, según surge del informe “Mercado Celular Argentino 2016” realizado por Carrier y Asociados. Anualmente el mercado de terminales nuevos se ubica en valores alrededor de los 12 millones de unidades. Teniendo en cuenta que al menos las principales marcas piensan producir únicamente equipos 4G, llegar a fin de año con 10 millones de equipos en uso es un objetivo que se cumplirá solo, sin necesidad de ningún incentivo. Por el lado de la financiación, en las webs de los operadores se observa ofertas en 12 y 18 cuotas sin interés. No obstante, el propio Ministro mencionó que incentivarán la financiación, sin dar mayores precisiones.
Como se ve, no hay por el momento soluciones de fondo y las propuestas mencionadas carecen del nivel de detalle necesario como para una evaluación seria. Sin embargo, demuestran un interés por colaborar con la industria para que el servicio mejore. Es un buen comienzo, aunque falta mucho.

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