Sin dudas que la noticia más relevante de la semana fue la aprobación del DNU 267/2015, el cual fuera refrendado por la Cámara de Diputados. Alcanzaba con que sólo una de las dos Cámaras lo aprobara (solo podía aprobar o rechazar, no modificar) para que el DNU fuera ratificado. Y así fue. Si bien el DNU no deroga las leyes de SCA y Argentina Digital, sí desactiva puntos clave, especialmente en materia de SCA.
Más allá de la opinión que se tenga de las leyes modificadas y del DNU, lo cierto es que la estrategia del gobierno en este rubro resultó ser eficaz. Introdujo los cambios recién asumido, aprovechando el impulso anímico natural alrededor de toda nueva gestión. Las quejas y las críticas chocaron además con el fin de año, con lo que la discusión quedó mayormente circunscripta a los ámbitos relacionados y no tanto como un tema al que el público en general le prestara mucha atención. Desde entonces, más de 3 meses después, los alineamientos políticos fueron mutando, lo que a priori parecía que podría ser una batalla dura, terminó siendo un trámite más sencillo de lo esperado. Y ciertamente más sencillo que intentar introducir las modificaciones por ley en esta etapa. Fue, en síntesis, un final anunciado. Nadie se sorprendió con el desenlace.
Ciertamente, el DNU es un parche destinado a deshacer un estado de situación pero que claramente no es el instrumento necesario para dar un marco coherente a una industria tan compleja como lo es toda aquella que surge de la convergencia. Esto será tarea de un futuro proyecto de ley que reforme, actualice y unifique definitivamente las leyes de SCA y Argentina Digital.
Más curioso fue el Proyecto de Declaración presentado por el Frente Renovador, partido que acaba de aprobar la validez del DNU. En el mismo se mostró una notable inclinación por las asimetrías regulatorias. Lo más destacable fue proponer que las empresas de telefonía puedan dar TV paga recién dentro de cinco años (prorrogables a diez), en lugar de los dos (o tres) que fijó el DNU. Afortunadamente, esto no fue más que una declaración, ya que, si efectivamente los plazos vigentes fueran los propuestos, se estaría favoreciendo notablemente a la industria del cable, aunque con un altísimo costo para el resto de los habitantes del país. Una medida de este estilo desalentaría inversiones en red fija por parte de las telcos, inhibidas de dar servicios de TV, los cuales a su vez son grandes demandantes de capacidad, impulsando su aumento.
Pero la misma Declaración presenta el mecanismo para eludir esta inhibición. La única forma prevista de acortar los plazos propuestos es ante la compra de la totalidad de los abonados de una cablera, aunque esto sería únicamente en la localización de la operación adquirida. Una forma de darles a los operadores de cable una salida frente a un escenario donde habrá cada vez más concentración. En pocas palabras, moldear el escenario para que actores medianos puedan concretar su anhelo de vender sus operaciones.
Es natural que se apele a la regulación asimétrica cuando se trata de hacer converger industrias de distintos orígenes y estados de situación. Sin embargo, la asimetría es un arma de doble filo. Aplicada en exceso crea nuevos problemas en vez de resolver viejos. La clave está en el equilibrio de estas asimetrías. Habrá que ver el peso de este enfoque cuando, quizás hacia fin de año, se empiece a debatir un nuevo proyecto de ley de telecomunicaciones o como se denomine oportunamente.
