Ya que el tema comienza a instalarse con la circulación del borrador de la nueva Ley de Servicios Audiovisuales, creemos que es un momento propicio para hacer un aporte para que ésta sea lo mejor posible.
Como siempre, es bueno comenzar por los objetivos, pues éstos marcan el norte y evitan que se desvíe el camino ante la aparición de bifurcaciones que pueden llevar a calles sin salida o a destinos que no eran los previstos al iniciar el viaje. Quizás el primero y principal sea que el ciudadano tenga opciones, tanto en materia de contenidos (asegurando la diversidad de visiones y opiniones) como de medios de acceso. Así, no sólo hay que pensar en la pluralidad de los contenidos sino también en la diversidad de redes de distribución, ya que de no ser así, una sola red puede acomodar los contenidos a sus intereses.
Con el desarrollo de tecnologías digitales, las limitaciones físicas a los contenidos desaparecen o se reducen considerablemente. Esto se ve claramente en la TV por cable, que con el proceso de digitalización puede aumentar considerablemente su oferta de canales, dando lugar a todas las voces. Algo similar, aunque en menor escala, sucede con la TV digital de aire (sobre la cual aún no hay definiciones en Argentina), que permite aumentar la oferta de señales de las cuatro actuales a unas veinte, dando espacio entonces a una razonable variedad de perspectivas.
Así, el tema más complejo es el de asegurar la diversidad de acceso. En este rubro tenemos diversos actores, reales y potenciales. Los primeros son los actuales operadores de servicios de TV paga, sean vía cable (Cablevisión, Telecentro, Supercanal, etc.), satélite (DirecTV) o radio terrestre (como Andina). Entre los potenciales están las actuales empresas de telecomunicaciones, que van desde Telecom y Telefónica a todas las demás empresas que comenzaron a operar en el mercado de las telecomunicaciones en condiciones de competencia, así como las cooperativas.
Es clave permitir la existencia de alternativas en materia de redes ya que éstas propician no sólo la diversidad de contenidos sino que además fomentan la competencia, dando lugar a más y mejores servicios a menores precios. Por este motivo, excluir a las empresas de telecomunicaciones sería un grosero error. El análisis debe contemplar, por razones de envergadura y capacidad, un marco distinto para Telecom y Telefónica que para el resto de las empresas de telecomunicaciones y cooperativas. A estas últimas debería permitírseles comenzar a ofrecer el servicio de inmediato allí donde ya tengan su red o quieran extenderla.
En el caso de las herederas de Entel, debería definirse una forma de medición de la condición monopólica de un operador de TV paga para determinar en qué mercados o áreas pueden operar en el corto y mediano plazo y cuáles no. Podría ser estableciendo un piso a determinar de cantidad de abonados (30, 50, 100 mil o lo que se evalúe como más conveniente) en manos de un único operador. De esta forma, se evitaría que empresas de mayor capacidad técnica y financiera se conviertan en una competencia desigual para operadores de poco porte.
No obstante esto, y siendo que el objetivo final sería el de asegurar alternativas, lo ideal sería establecer un cronograma (5, 10, 15 años) de apertura total, de forma tal de dar tiempo a los operadores más chicos a prepararse para competir.
Por supuesto, esta propuesta puede y debe ser objeto de críticas y correcciones, pero su objetivo final, propiciar opciones de contenidos y de redes, debería formar parte de cualquier proyecto. A fin de cuentas, se trata de defender los intereses de los ciudadanos en primer lugar.
