A una semana de lanzado el proyecto de ley de telecomunicaciones, bautizado Argentina Digital, hubo más tiempo de analizar su texto y potencial impacto, así como de escuchar a distintos actores para saber cuál es su perspectiva.
El primer dato revelador de que se trató de un proyecto inconsulto con la industria fue que todos se enteraron de la existencia de dicho proyecto el mismo día del anuncio, apenas unas horas antes cuando fueron invitados a participar del evento.
Entre las empresas afectadas, grandes telcos, operadores de TV por cable, PyME de telecomunicaciones y cooperativas, hay coincidencia con el gobierno en la necesidad de contar con una ley para una industria convergente. Pero por lo bajo, critican varios puntos. Todos éstos tienen que ver con la vaguedad y ambigüedad del articulado. No es un servicio público, pero el Estado tiene facultad para regular tarifas mayoristas y minoristas. Remite muchas decisiones a una futura Autoridad de Aplicación sobre la cual no hay definiciones. Menciona la apertura de las redes sin precisar si se aplicará a todos los operadores de telecomunicaciones o solamente a algunos.
En materia de regulación de tarifas debería ser más preciso, ya que su confusa redacción no permite saber si la regulación será a nivel mayorista o incluirá también el nivel minorista. Mucho menos identificar qué mecanismos se utilizarán para determinar los costos del servicio de forma tal que una tarifa política no atente contra el mantenimiento y desarrollo de las redes existentes.
En cuanto a la Autoridad de Aplicación, como no está definida en el proyecto, las preguntas que surgen son muchas. ¿Será un organismo autónomo, colegiado o dependerá directamente del Poder Ejecutivo? ¿Participarán representantes de la oposición o será únicamente oficialista? ¿Contemplará la inclusión de organismos públicos y/o sociales o serán solamente políticos? Siendo que se trata de una ley de convergencia, ¿regulará telecomunicaciones y medios, como sucede en otros mercados? A fin de cuentas, si hay convergencia tecnológica, no sería infundado pensar en una convergencia regulatoria.
La apertura de las redes es también un tema que desvela a todos los operadores. Más precisamente, el proyecto menciona la desagregación de la red local. Esta es mencionada en el art. 45, el cual dice que la Autoridad de Aplicación establecerá “las condiciones diferenciadas fundadas en cuestiones técnicas, económicas, de oportunidad, mérito y conveniencia, atendiendo a la preservación del orden público”. Nuevamente, la vaguedad como rasgo característico. En principio, pareciera que las obligaciones de desagregación serán para todos aquellos operadores con red. Más allá de la cuestión de fondo de si la desagregación es efectivamente una forma de incentivar la competencia y el desarrollo de redes (cosa que es debatible), no impacta de la misma manera al negocio que una cooperativa tenga que permitir que cualquier operador extienda su cobertura a través de los tendidos de ésta que si quien tiene que hacerlo es un incumbente. Por otra parte, esto implica desafíos técnicos, ya que si bien desde la perspectiva de las capacidades todas las redes son similares, no lo son desde el punto de vista tecnológico.
Por otra parte, un asunto profundo, complejo y de vital importancia como es el de la neutralidad de la red es apenas mencionados dos veces, una en la introducción y otra en el articulado (artículo 1), pero sin ir más allá del consabido “garantizar la neutralidad de las redes”. Un tema que por sí solo requeriría una ley u otro instrumento legal independiente. Como está, es apenas un concepto atractivo, que queda bien mencionar.
Pensando en el objeto del proyecto de ley y considerando aspectos como la desagregación, la posibilidad de fijar tarifas y la inconsistencia entre el alcance de las licencias de telecomunicaciones con las de medios audiovisuales, se podría decir que puede favorecer el desarrollo de operadores sin red, pero sin estimular la competencia ni la extensión de las redes.
En definitiva, el proyecto abunda en buenas intenciones y es escaso de definiciones. Todos los actores de acuerdo con la necesidad de una nueva ley. Todos los actores con salvedades respecto de muchas cuestiones por definir. Un cheque en blanco que nadie quiere librar.
Argentina Digitada
Cuando todos estaban en la cuenta regresiva por la subasta de espectro para 4G, el gobierno se despachó de buenas a primeras con un proyecto de ley de telecomunicaciones, denominado Argentina Digital. El mismo simultáneamente moderniza la regulación vigente y otorga al Estado un mayor poder y discrecionalidad sobre el sector. Así, a pesar del entusiasmo inicial, el sabor final es agridulce.
Es bueno que la legislación se actualice y que de una buena vez se considere al transporte independientemente del contenido. Algo que se viene reclamando desde hace tiempo y que se hizo más evidente luego de la promulgación de la ley de servicios de comunicación audiovisual (SCA). Hay que considerar que desde el momento en que todas las redes se digitalizaron (las telefónicas y las de TV por cable) éstas estuvieron en capacidad técnica de transmitir todo tipo de contenido. Así, dejó de tener sentido darle tratamiento regulatorio distinto a redes que técnicamente son iguales. De esta forma, la única diferencia pasó a ser en qué oficina del Estado habían obtenido su primera licencia: si en el viejo Comfer (hoy AFSCA) o en la Secretaría de Comunicaciones.
Siendo entonces que todas las redes son iguales, resulta lógico que se permita que todo contenido pueda ser transportado por toda red apta. Aquí es donde entra quizás uno de los puntos más mediáticos (aunque no necesariamente el más relevante) del proyecto de ley, que es que las empresas telefónicas puedan transmitir TV. Se habilita así la oferta de servicios Triple Play para las telefónicas, servicio que ya era ofrecido por varios operadores de TV paga (como Telecentro o Supercanal) y cooperativas, no así por Cablevisión, a quien no se le habilitó numeración para dar telefonía a pesar de contar con licencia para hacerlo. Pero esto entra en el terreno de la disputa política casi personal entre el Grupo Clarín y el Gobierno.
El punto de la TV para las telcos es polémico porque es la única modificación (al menos explícita) a la ley de SCA. Pero también porque el proyecto de ley no considera un cronograma de aplicación de esta capacidad. Habida cuenta de la asimetría de poder económico y escalas entre las principales telefónicas y los cientos de operadores de TV por cable de distinto tamaño, no parece razonable que la restricción a las telcos se levante súbita e indiscriminadamente, sin permitir un período de adecuación en base a criterios objetivos, como por ejemplo, población en cada localidad.
Más allá de esto, lo que inquieta a los operadores por igual, son dos cosas: la declaración de servicio público y la desagregación del bucle local (unbundling).
La declaración de servicio público implica la posibilidad de fijar tarifas por parte del Estado. Esto no afectaría a la telefonía fija (que ya lo es) sino al acceso a Internet y a la telefonía móvil. Si bien muchos políticos y ciudadanos ven a la declaración de servicio público como una panacea de todos los males, la experiencia local demuestra que muchas veces las tarifas de los servicios públicos se fijan políticamente por debajo de los costos. Y cuando esto sucede, repercute en la calidad de servicio, tal como se puede comprobar con la electricidad cuando hace calor o el gas cuando hace frío. El tema es más relevante en el caso de las telecomunicaciones, ya que éstas están en constante evolución, lo que podría repercutir en la actualización (léase inversiones) necesaria. En otras palabras, la fijación de la tarifa no es garantía de buen funcionamiento.
La posibilidad de la fijación de tarifas en el caso de la telefonía móvil tiene el agregado especial de que estamos en vísperas de la subasta de espectro para 4G, donde los distintos participantes hicieron su cálculo económico con una tarifa X que puede no ser tal, lo que atentaría contra la rentabilidad del proyecto.
La desagregación es un tema complejo, que se aplicaría a todos aquellos que tienen red, sean telcos o cableras, e inclusive a quienes dan servicios inalámbricos. La desagregación no sólo está contemplada en el decreto de apertura del mercado de las telecomunicaciones del año 2000 sino que también ya fue aplicada en otros mercados, como es el caso europeo. Hay que tener presente que tanto aquí como en Europa las grandes telcos fueron herederas de los monopolios estatales (caso Entel), teniendo inclusive períodos de exclusividad en la provisión del servicio. Así, a cambio, se les exigió que abrieran sus redes para el ingreso de competidores que de otra forma hubieran tenido que hacer inversiones inviables para poder ingresar al mercado. Lamentablemente, la desagregación no fue reglamentada en los últimos 14 años, si bien desde entonces hay libertad para competir. Esto sucedió mayormente con operadores que apuntan al mercado corporativo (caso Iplan, Level 3 y otros) y, en mucha menor escala, entre proveedores de triple play (caso Telecentro, Supercanal), pero en todos los casos con redes propias. Así, por el paso del tiempo y el surgimiento de algunos competidores, las bases para la exigencia de desagregación para los incumbentes fueron perdiendo fuerza. El caso de las cableras es claramente distinto. Éstas construyeron sus redes desde cero en un marco de competencia, por lo que seguramente no verán con buenos ojos que se les exija ahora permitir el uso de éstas a sus competidores. En definitiva, esto debería ser un derecho del dueño de la red, no una obligación.
Pero la desagregación tiene también algunas limitaciones prácticas. Aunque se les permita a operadores entrantes acceder a la última milla de las redes de telecomunicaciones existentes, deberán de todos modos construir redes que lleguen hasta esos puntos, lo que requiere de una inversión más que considerable y poco atractiva. Por otra parte, siendo que el precio también podrá ser fijado por el regulador, se corren los mismos riesgos que con las tarifas. Es decir, que quiten el incentivo a mantener y actualizar la red.
El de las telecomunicaciones es un negocio difícil de regular porque por sus características de ser capital intensivo, siempre constituye un mercado oligopólico (cuando no monopólico). Así fijarle tarifas arbitrariamente puede tener un efecto no buscado que es la degradación de la calidad de la red y el servicio. Es mejor, más aún en el caso argentino que cuenta con una extensa red de TV por cable, buscar la competencia de infraestructuras para que sea ésta la que actúe de límite a la suba de precios. Hay que considerar también que a estas dos grandes redes se le pueden sumar también las redes inalámbricas, tanto fijas como móviles. Esto funcionó bastante bien durante muchos años con las redes de banda ancha, donde telcos, cableros y proveedores inalámbricos compitieron, llevando a subas en el ancho de banda y precios que tendieron a la baja (calculando el precio por Mb). O sea, la calidad mejoró y los precios no se dispararon. También es cierto que esta competencia no se dio en forma uniforme en todas las localidades del país, con lo que medidas como la desagregación quizás sería más atendible que se apliquen en función de la cantidad de proveedores alternativos existentes en cada localidad.
Finalmente, está el tema del Servicio Universal, también ya contemplado en la apertura del 2000. El mismo tardó mucho en implementarse, pero hoy cuenta con unos $ 2.300 millones, sumando a un ritmo de unos $ 70 millones por mes. Fondos que descansan en una cuenta bancaria sin que se los hayan asignado a ninguno de sus objetivos originales y devaluándose al ritmo de la suba del dólar. En el caso del proyecto de ley, se crea un nuevo fondo (al que deberán transferirse lo ya recaudado) que será administrado en forma aún no definida. Una caja tentadora.
En resumen, puede decirse que el proyecto Argentina Conectada es una buena noticia en su espíritu y en la actualización tecnológica que aporta. Retoma varias iniciativas del decreto 764/2000 que significó la apertura de las telecomunicaciones pero que, por los sucesos políticos del 2001 y la inacción regulatoria posterior, nunca llegaron a implementarse debidamente. Pero a diferencia de este decreto (que ahora deroga) genera un signo de interrogación su sesgo intervencionista así como las vaguedades que pueden dar lugar a una discrecionalidad eventualmente cuestionable. De hecho, muchas decisiones quedan en manos de una futura autoridad de aplicación. En este sentido, podría asemejarse a un machete: puede servir para abrir camino en la selva, o para decapitar a las tribus enemigas.
Ganadores y perdedores
Tratando de imaginar el impacto que tendría este proyecto de ley en caso de aprobarse tal cual fue redactado, surge que algunos de los actores de este mercado saldrán más perjudicados que otros.
Sin dudas los más afectados serán los actuales proveedores de servicios de TV por cable que tengan sus redes adaptadas para dar servicios de telecomunicaciones, léase banda ancha. Y si bien, y como consecuencia de su ya histórico enfrentamiento con el gobierno, se tiende a pensar exclusivamente en Cablevisión, lo concreto es que el impacto es similar o mayor en el resto de la industria de la TV por cable. Es que los cableros quedan en el peor de los mundos desde el punto de vista competitivo. Les surge la competencia de las empresas de telecomunicaciones (las grandes telcos pero también ISP y PyME del sector) en el negocio de la TV y a su vez se le aplican obligaciones de incumbente (como desagregación y tarifas reguladas). Pero además, quedan en una posición competitiva debilitada frente a las telefónicas, las cuales cuentan con tres grandes negocios: la telefonía fija, la móvil y la banda ancha.
La telefonía fija no es un negocio para ningún entrante. A pesar de contar con tarifas que no se actualizan desde hace más de 15 años, se trata de un servicio en retirada, que cada vez trafica menos minutos y pierde líneas en uso. La sustitución por la voz desde el celular más las alternativas vía Internet, sumadas a una tendencia natural a sustituir mucho de lo que antes se hablaba por mensajes de todo tipo (SMS, mail, mensajería instantánea) hacen de la voz un servicio que sólo sirve de plus en un paquete, pero no mucho más. Por su parte, la telefonía móvil naturalmente es un servicio al alcance de unos pocos, por su característica de basarse en un recurso escaso como el espectro. Se podrá decir que está la posibilidad de operar como un operador móvil virtual (OMV), pero no es una alternativa que permita grandes escalas en un mercado maduro como el argentino.
Por su parte, las telcos deben estar haciendo cuentas y podría suceder que prefieran quedarse sin el negocio de la TV antes de tener que abrir sus redes y que las tarifas de sus servicios más rentables (móvil y banda ancha) puedan ser fijadas por la autoridad de aplicación, tal como hoy sucede con la voz fija. Por otra parte, hay que tener presente que el negocio de la TV paga está bajo amenaza de la misma Internet. Fenómenos como el de los cord cutters y los OTT no son modas pasajeras sino tendencias que sólo van camino a profundizarse y los mismos ya se dan en Argentina. Visto así, podrían tener mucho más que perder en sus negocios tradicionales que lo que podrían ganar con el negocio de la TV que está ingresando en una etapa declinante.
El gobierno es quizás quien más se pueda beneficiar con la nueva ley. La misma no sólo deja mucho poder en la autoridad de aplicación a definir, sino que también hay varios elementos como para reimpulsar a Arsat como un operador integral de telecomunicaciones, empresa que ganó imagen luego del éxito de la puesta en órbita del satélite. Tanto los pliegos de la licitación de 4G como este proyecto de ley dan facilidades para que un nuevo operador usufructúe las infraestructuras existentes, pudiendo adicionalmente fijar tarifas de unbundling e interconexión. Pero además, la nueva ley contempla la asignación directa de espectro “organismos nacionales, entidades estatales y entidades con participación mayoritaria del Estado Nacional” así como el manejo a definir del fondo del Servicio Universal, que genera un flujo de caja más que interesante.
En definitiva, podría decirse que no todo lo que reluce es oro. O, siguiendo con los dichos, el diablo está en los detalles.
Carambola española
En una sola operación, Telefónica abrió una interesante oportunidad en el mercado brasilero y cerró fuentes de conflicto en ese país y Argentina, así como terminó con una estrategia europea interesante en los papeles pero que resultó ser inviable en la práctica.
Esta semana Telefónica acordó con el grupo francés Vivendi la compra del operador brasileño de triple play GVT. De ser aprobada la operación, algo que se estima sucederá a mediados del año próximo, la fusión de GVT y Vivo (filial de Telefónica y el mayor operador móvil de Brasil) dará lugar a Telefónica Brasil, empresa que estará en condiciones de ofrecer servicios cuádruple play convirtiéndose en el mayor grupo de telecomunicaciones de aquél país. Vivendi tendrá una participación del 7,4% en Telefónica Brasil.
La operación implica también que se desprenderá de su participación en Telecom Italia ya que sus acciones serán adquiridas por Vivendi. De esta forma, Telefónica logra también su objetivo de salir definitivamente del operador itálico, una incursión que le trajo múltiples dolores de cabeza. La vinculación societaria entre españoles e italianos dio lugar a cuestionamientos de las autoridades regulatorias tanto en Brasil como en Argentina. A esto se sumó que a pesar de haber logrado ser el principal accionista de Telecom Italia siempre chocó con las resistencias del poder político italiano que no quiere perder a su campeón nacional y que se opuso a la venta de activos, especialmente los de Brasil, que hubieran servido para bajar su abultada deuda.
Para Telecom Italia son buenas y malas noticias. Buenas porque se acaban los cuestionamientos regulatorios en ambos países de Sudamérica. Malas porque los italianos también estaban interesados en GVT para fortificar su posición en Brasil. Es que ahora TIM (Telecom Italia Mobile) es el único operador móvil relevante que no tiene una pata fija en Brasil, como sí pasa con sus principales competidores: Claro, Oi y, de aprobarse, también Telefónica. Es por eso que muchos ven ahora a TIM como el objetivo de potenciales adquisiciones.
Desde la perspectiva argentina, que la operación Telefónica-Vivendi llegue a buen puerto significará desactivar definitivamente los conflictos que generan la presencia de los españoles en la empresa italiana, habida cuenta de que se trata de los dos principales grupos de telecomunicaciones del país. Y atenuaría notablemente los potenciales cuestionamientos de ambas empresas en la licitación de 4G.
Nos habíamos amado tanto
La relación entre Telefónica y Telecom Italia ingresó en los últimos tiempos en lo que parecería ser un punto de no retorno. Cuando los españoles compraron participación en el paquete accionario italiano en el 2007, todo parecía indicar que era cuestión de tiempo para que finalmente terminaran controlando al operador italiano como parte de un plan de expansión y consolidación en Europa. Se sabía, como luego quedó comprobado, que la superposición de operaciones en Argentina y Brasil sólo traería problemas a nivel regulatorio que terminarían con la venta de los activos de los italianos en Latinoamérica. Algo de lo que se comenzó a dar con la venta (aún no cerrada) de la participación de éstos en Telecom Argentina.
Pero el tiempo pasa y las cosas cambian. Los españoles comenzaron a encontrar una fuerte resistencia en Italia, sobre todo política. Italia no quería perder a su campeón nacional, por más que este estuviese agobiado por deudas. Llegaron a aceptar vender su participación en Argentina, una operación rentable pero que no le remite ganancias por las restricciones al giro de divisas y que le genera localmente muchas presiones políticas y de las otras. De paso, logran fondos frescos. Mientras tanto, en Brasil el regulador sigue presionando aunque los italianos no quieren desprenderse de lo que para ellos es la joya de la corona, TIM.
Así las cosas, resulta cada vez más claro que los españoles ya tienen decidido salirse de Telecom Italia, una maniobra que no será sencilla. Un indicio muy evidente fue la propuesta que le hicieron a los franceses de Vivendi por GVT en Brasil, un operador de triple play brasilero, al que le ofrecieron cash, participación en la nueva Telefónica Brasil e incluir las acciones de Telefónica en Telecom Italia. La eventual integración de Telefónica Brasil y GVT daría lugar al mayor operador de telecomunicaciones en el mercado brasilero, a su vez el más importante de Latinoamérica. En Telefónica especulan con que la situación de GVT en el mercado de aquél país no tiene mucho futuro al no contar con una pata móvil para tener una propuesta convergente. Quizás por eso es que GVT había estado en conversaciones justamente con TIM Brasil.
Todavía es demasiado temprano para conocer el desenlace de estas charlas cruzadas. Pero lo que resulta evidente es la intención de Telefónica de deshacer su relación con Telecom Italia, la cual le ha estado complicando demasiado los planes últimamente. Y en este escenario, la todavía no aprobada compra de la participación de Telecom Italia en Telecom Argentina podría resultar en un giro inesperado para el mercado local. Recordemos que tiene que estar cerrado durante el mes de agosto. O sea, ya.
60 segundos
El cambio en la forma de facturación de las llamadas móviles, de minutos a segundos, anunciado esta semana despertó muchas esperanzas de poder reducir el gasto en el servicio. Sin embargo, algunas expectativas son desmedidas por demás, como es el caso de una asociación de consumidores que lo estimó en un 30%. Algo muy alejado de lo razonable.
En grandes líneas, el gasto en servicios móviles se reparte en un 30% en llamadas de voz, un 55% en SMS y el 15% en datos (aunque creciendo). Con esta distribución resulta evidente que si el gasto bajase un 30% significaría que no habría más facturación de voz. Un delirio.
Por otra parte, el ahorro será muy variable en función del perfil del consumidor. Los que se comunican mayormente vía SMS o WhatsApp no verán variaciones relevantes en su gasto. En cuanto a los que hablan mucho, hay que recordar que el ahorro es apenas en el último minuto de la conversación. Los primeros seguirán costando lo mismo. Tampoco habrá ahorro entre quienes realizan llamadas a números gratis.
En resumen, a nivel individual el ahorro será muy variable, y en muchos casos imperceptible. A nivel global, el impacto será menor, de un dígito bajo. Sin embargo, servirá para que muchos crean que bajaron su gasto significativamente. Muchas veces es más importante la percepción que la realidad misma.
Nuevo escenario
A una semana del anuncio de la salida de Telecom Italia de Telecom Argentina y confirmada ya la venta de esta participación al fondo Fintech, la polvareda comienza a asentarse y es hora de analizar con más detalle las implicancias de la operación para el mercado local.
La primera pregunta que surgió en distintos ámbitos luego de conocida la noticia es qué es lo que vio Fintech que lo llevó a concretar la operación. Es evidente que se movieron muy rápido, madrugando a todos en la largada. Cuando se anunció, poco menos de dos meses atrás, que Telefónica aumentaba su presencia en Telecom Italia al punto en que a partir de enero próximo tendría no ya participación sino el control de Telecom Italia, era indudable que debería vender sus activos en los mercados donde esta movida traería cuestionamientos a nivel de competencia. De hecho, cuando los italianos anunciaron oficialmente la venta de su parte en Telecom Argentina, la operación con Fintech estaba prácticamente cerrada.
David Martínez, líder de Fintech, manifestó públicamente que apuesta a un escenario de recuperación económica fuerte. Y, aunque no lo diga explícitamente, sería a partir del próximo cambio de gobierno en 2015. Lo que presume, como tantos otros inversores, es que el próximo gobierno, independientemente de su sesgo ideológico, será más abierto al mercado y a las inversiones extranjeras. Este escenario traería aparejado un crecimiento y una recuperación del valor de los activos en el país, lo que revalorizaría su inversión en Telecom. Además, Fintech también confía en que desactivado el potencial conflicto por la concentración monopólica, el Estado dará luz verde al proceso de licitación y asignación de espectro para 4G y buscará paliar el déficit de antenas. Inversiones mediante, ofrecer 4G y mejorar la calidad general de los servicios en Argentina significará una forma de revalorizar a Telecom (como a los demás operadores).
No obstante, hay que tener presente que esta operación cambiará la posición de Telecom Argentina en el mercado local y regional. Por un lado, dejará de tener a un operador entre sus socios, algo que algunos ven como una debilidad. Esto no implica perder know how, ya que el management actual de la empresa lo tiene. Sin embargo, que no haya un operador entre los accionistas puede impactar en las decisiones que se tomen a nivel directorio. Quizás por esto el acuerdo de venta entre Fintech y Telecom Italia incluye un contrato de servicios para que esta última los asesore por un plazo de dos años.
Otro punto a considerar, es que Telecom Argentina dejará de formar parte de un grupo de telecomunicaciones internacional para ser una operación netamente argentina, lo que puede tener un impacto negativo en términos de costos. Si hay algo que desvela a la industria de las telecomunicaciones en general es la búsqueda de economías de escala. Y en este aspecto, la nueva Telecom Argentina estará en desventaja. No es lo mismo que Telefónica, con 250 millones de líneas móviles, o Claro, con 260 millones, negocien la compra de equipamiento para infraestructura y terminales que Telecom Argentina, con apenas 20 millones. Habrá que ver entonces cuál es la estrategia para suplir esta debilidad.
Daño colateral
La venta de la participación de Telecom Italia en Telecom Argentina naturalmente generó revuelo en el ambiente político y empresarial argentino. Sin embargo, sus causas no hay que buscarlas en el contexto del mercado local (trabas al giro de divisas, mayor presión gubernamental para aumentar las inversiones, etc.) sino en lo que ocurre muy lejos de aquí, en Europa.
El destino de sus operaciones locales era inevitable porque ya desde el anuncio del aumento de la participación de Telefónica en Telecom Italia quedaba en claro que no respondía a una estrategia pensada para apalancar su presencia en Latinoamérica sino en Europa [Ver “Siamo fuori?”]. Tiene que ver principalmente con una movida que busca fortalecer su posición en un mercado europeo muy atomizado (demasiado), buscando un tamaño que le dé mayores eficiencias y que simultáneamente permita si no blindarla ser mucho menos atractiva frente a un potencial intento de compra por parte de algún gigante norteamericano.
El proceso de consolidación de operadores que se insinúa en Europa tiene que ver con que en materia de telecomunicaciones, a diferencia de otras actividades, no hay allí un mercado común sino 28 mercados nacionales. En el viejo continente, hay 55 redes móviles (una cada 9 millones de habitantes) y 42 redes fijas (una cada 12 millones). Se trata de relaciones reñidas con las economías de escala que demanda una industria capital intensiva, como es el caso de las telcos. La situación se ve agravada por la crisis económica que atraviesan varios de sus miembros. En este escenario de debilidad, la amenaza americana es real, en momentos en que los operadores de EE.UU. están muy fuertes y sus pares europeos no tanto. Alcanza con destacar que recientemente Verizon compró la participación accionaria de Vodafone (principal operador móvil europeo) en la telco estadounidense por la friolera de US$ 130 mil millones. Y que a pesar de esta fabulosa inyección de efectivo, ya AT&T demostró su interés en comprar lo que queda de Vodafone. Así, la capitalización bursátil de Telefónica por € 55 mil millones no parece una cifra que pueda intimidar a un gigante estadounidense.
Volviendo a Telecom Italia, la movida reciente de Telefónica de ampliar su participación en Telco (la controlante del operador italiano) podría llevarla hasta un 70%. En otras palabras, de a poco, Telefónica se está quedando con Telecom Italia.
Y claramente, las operaciones de los italianos en Brasil (TIM) y Argentina (Telecom) se convirtieron para los españoles en un obstáculo regulatorio al tiempo que su venta significa una inyección de efectivo para mejorar la posición financiera de Telecom Italia, bastante debilitada luego de años de procrastinación en la búsqueda de una revisión estratégica de fondo. La venta de la participación en Argentina está prácticamente cerrada, aunque sorprendió que en el caso de Brasil sólo se anunciase la venta de las torres para servicios móviles. Da la impresión de que en Brasil no está dicha la última palabra, habida cuenta de que Telefónica pasará a controlar a TIM Brasil (operación móvil de los italianos) más Vivo (el Movistar brasilero). Pero más allá de lo que ocurra en el país vecino, las repercusiones de la operación en Latinoamérica no será otra cosa que daño colateral.
Desinversión a la italiana
Finalmente se produjo lo que desde un inicio parecía inevitable: Telecom Italia anunció su decisión de desprenderse de sus activos en Argentina, Telecom Argentina (servicios fijos) y Telecom Personal (servicios móviles), por los que recibió una oferta no solicitada.
La noticia se conoció en el marco del anuncio de su plan estratégico para el período 2014-2016 que incluye la venta de Telecom Argentina, la venta de torres en Brasil e Italia así como la emisión de un bono convertible en acciones. La venta de las torres en Brasil significa que seguirá participando de ese mercado vía TIM, por lo que al regulador de aquél país se le presenta entonces un problema que será interesante ver cómo lo resuelve.
En el caso de Argentina, con su salida Telecom Italia resuelve dos problemas. Por un lado, los conflictos que le generaba la participación de Telefónica en términos de competencia. Por el otro, se desprende de una operación que aunque rentable, no le reportaba financieramente al no poder Telecom Argentina girar sus dividendos al exterior. Y al mismo tiempo, se hace de dinero fresco, estimado en entre US$ 1.000 y 1.200 millones en función de su capitalización más el premio por tener el control.
Para el gobierno esta es una buena noticia. Por un lado, se saca de encima el problema que le genera la participación de Telefónica en Telecom y que vería agravado a principio del año próximo cuando la misma llegaría al 70% de Telco (la controlante de Telecom Italia). Por otra parte, la salida de los italianos podría destrabar la licitación de 4G. Esto es así porque los argumentos esgrimidos en su momento para cancelar la licitación de 3G (que terminó con la asignación de ese espectro a Arsat/Libre.ar) tenían que ver con la “integración monopólica de Telefónica y Telecom”, en referencia a la participación societaria de Telefónica en Telecom Italia, controlante del Grupo Telecom [más detalles en “Atrapados en el laberinto”]. De este modo, para el gobierno el panorama se presenta favorable. Al convocar a una licitación por 4G puede hacerse de fondos en momentos en que son altamente necesarios, haciendo su aporte a la solución a los problemas de congestión espectral que afectan la calidad del servicio y mostrando como un logro las inversiones que los ganadores hagan para poner en funcionamiento las redes LTE (siempre que haya dólares disponibles para importar el equipamiento requerido).
Telecom Italia no anunció quién es el oferente por sus activos de Argentina. Aunque sí circuló fuertemente la versión, originada por la agencia de noticias Bloomberg, que sería Fintech. Se trata de un fondo con diversos intereses en el país, que van desde una participación del 40% en Cablevisión, pasando por acciones preferidas en Nortel (controlante de Telecom Argentina), y llegando a ser un tenedor de fondos de la deuda argentina. Un todo terreno.
El ingreso de Fintech podría dar lugar a ciertos cuestionamientos, tanto a nivel competencia como por el lado de la Ley de Servicios Audiovisuales. Pero tratándose de una versión extra oficial, habrá que esperar a ver cómo se desarrollan los acontecimientos. Lo que sí parece seguro es que en algún tiempo más dejará de escucharse hablar en italiano en las oficinas de Telecom Argentina.
Siamo fuori?
La noticia venía anticipándose en las últimas semanas y se confirmó en esta: Telefónica aumentará su participación accionaria en Telecom Italia. Lo hará a través de un aumento de capital en Telco, el holding que controla el operador italiano. Será a través de acciones sin derecho a voto (clase C), con lo cual incrementa su participación hasta un 66% pero manteniendo su derecho a voto en un 46,2%. No obstante, la cosa no termina allí, ya que en una segunda etapa (a partir del 1º de enero 2014) Telefónica tendrá derecho tanto a aumentar su participación en Telco en hasta un 70% como a convertir las acciones clase C en acciones ordinarias con derecho a voto (esto último sujeto a acuerdos con los reguladores de Argentina y Brasil), sumando además la opción de comprar el resto de las acciones de Telco en manos de sus socios italianos (Mediobanca, Intesa Sanpolo y Generalli). Por otra parte, Telefónica anunció que continuará absteniéndose de participar o influir en las decisiones que afecten los mercados en los cuales ambas compañías están presentes.
Esta ingeniería accionaria es importante para intentar predecir cuáles podrían ser los próximos pasos de Telecom Italia, especialmente en Latinoamérica, donde la operación ya encendió luces amarillas en los tableros de las autoridades regulatorias de Brasil y Argentina.
Tanto aquí como en Brasil, la noticia cobró otra dimensión ya que ambas empresas son competidoras. En Brasil, en el negocio de la telefonía móvil, Vivo (Telefónica) y TIM (Telecom Italia) tienen cada una algo más de ¼ del mercado. En Argentina, ambas empresas participan tanto del negocio móvil, vía Movistar y Telecom Personal, con alrededor de 1/3 del mercado cada una, como del fijo, vía Telefónica de Argentina y Telecom Argentina, donde entre ambas representan aproximadamente un 90% del mercado de telefonía y un 58% del de banda ancha. Se entiende así fácilmente por qué la operación genera revuelo entre las autoridades regulatorias de ambos países. Son dos pesos pesados en cada territorio y en cada mercado del cual participan.
Cuesta creer que semejante operación se haya llevado a cabo descontando que pasaría sin mayores problemas el filtro regulatorio de ambos países. Tanto en Argentina como en Brasil se dijo que se iba a estudiar la operación y analizar su impacto. El argumento de Telefónica será que no aumentó su derecho a voto y que continuará absteniéndose de participar en las decisiones que afecten a Brasil y Argentina. Pero igualmente pone a los reguladores en una situación comprometida, más aún con la existencia de una cláusula para aumentar todavía más su participación en Telecom Italia. En el caso argentino, la situación podría tornarse más compleja con un gobierno que aparece debilitado después de las elecciones primarias. Si la tendencia se confirma en las elecciones legislativas, tendrá una oposición más numerosa y predispuesta a no dejarle pasar tan fácilmente cualquier decisión que no implique una salida de los italianos de Telecom Argentina. Habrá que ver entonces cuál será la voluntad del gobierno de mantener el acuerdo que ya tiene vigente con Telefónica (y que se puede consultar desde aquí) o ampliarlo, pero sin llegar al punto de exigir una desinversión de Telecom Italia en Argentina.
¿Tiene sentido para Telefónica esta operación si Telecom Italia tuviera que desprenderse de sus activos latinoamericanos? El mercado italiano es algo mayor que el español. En banda ancha, son 13 M de accesos frente a 11 M en España. En telefonía fija son 21 M frente a 19 M. Y en celulares, hay 97 M frente a 50 M (aunque aquí habría que ver cuántas están activas). Por lo tanto, para Telefónica tener el control del principal operador italiano no es un tema menor.
Por otra parte, Telecom Italia arrastra desde hace años una pesada deuda, de aproximadamente US$ 38 mil millones. Esto no sólo atenta contra la calificación de la empresa a la hora de tomar créditos, sino que también lo haría, aunque en menor escala, en el caso de Telefónica. Se trata de un monto muy importante, que no puede compensarse con la venta de sus torres de la red celular o la separación del negocio fijo del móvil (unas de las últimas medidas evaluadas). Este nivel de deuda, más temprano que tarde, exigirá medidas más extremas. Por lo tanto no hay que descartar que este avance de Telefónica, vistos los posibles conflictos regulatorios y las necesidades de reducción de deuda, se traduzca en una eventual venta de los activos de Telecom Italia en Latinoamérica. Qué podría pasar en ese caso, ya es adentrarse demasiado en el terreno de las especulaciones.
La noticia debería entonces ser vista desde una perspectiva europea, teniendo en cuenta las dificultades que atraviesan las economías de ese continente sumadas a un mercado de telecomunicaciones demasiado atomizado. Esta combinación resulta en valores atractivos para adquisiciones (de hecho, ya son varios los que están de shopping por el viejo continente). En el caso italiano, agravado por su alto nivel de endeudamiento. No obstante, más allá de la herida en el corazón nacionalista de algunos italianos, la operación no cambia mucho en el panorama competitivo italiano o español. Aunque sí puede ser visto como un paso dentro de una tendencia que se insinúa en el mercado europeo de las telecomunicaciones hacia una mayor consolidación y donde muy probablemente, Telefónica sea de los grandes jugadores que emerjan de este proceso. Visto así, lo que ocurra en Brasil y Argentina será, en el peor de los casos, un daño colateral.