Archivooctubre 2013

Habiéndose cumplido 4 años de la sanción de la Ley de Comunicación Audiovisual (conocida como Ley de Medios), se impone un balance. En este caso, no de la norma en su totalidad sino específicamente en lo que atañe a la infraestructura, en particular las redes cableadas. Y, tras un breve repaso, resulta evidente que la ley se convirtió en un freno al desarrollo de las redes fijas que son parte sustancial de la base de una sociedad moderna.
Una de las críticas que se realizaron oportunamente a la ley fue no contemplar el escenario de convergencia tecnológica que no sólo ya era visible al momento de su sanción sino que también sería cada vez más relevante en la medida en que fuera pasando el tiempo. En este punto la regulación que afecta a la infraestructura muestra sus falencias. Hay que partir de la base que el objetivo de cualquier gestión de gobierno debería ser mejorar en alcance, capilaridad y capacidad de toda red capaz de transportar los contenidos más demandantes, como es el caso del video, más aún en tiempos de alta definición. Por lo tanto, más que establecer restricciones al desarrollo de las redes, debería apuntarse a su expansión. A fin de cuentas, desde la llegada de la digitalización las redes son agnósticas respecto del contenido. Ya no hay redes telefónicas o redes de cable. Son todas redes digitales que pueden transportar cualquier contenido digitalizable. Por lo tanto, lo razonable es tender a una regulación única y pro desarrollo en materia de redes, aunque contemplando asimetrías presentes para hacerlas converger en algún punto del futuro. No obstante, la ley establece frenos al desarrollo de las redes, aunque con límites distintos según sean éstas operadas por empresas de telecomunicaciones u operadores de TV por cable. Una distinción más jurídica que tecnológica.
Si bien el proyecto original las contemplaba, finalmente el texto que se aprobó excluyó explícitamente a las empresas de telecomunicaciones de dar servicios de TV. Cabe aclarar que si bien se las asocia directamente con las grandes telefónicas (Telefónica y Telecom), en realidad afecta a todas las empresas del sector (salvo las cooperativas, que sí fueron contempladas en la ley de medios). Desde la fe tecnológica, es un pecado desconocer el potencial de estas redes como plataforma de distribución de contenido audiovisual. Más aún cuando únicamente los dos mayores operadores concentran el 58% de los accesos de banda ancha del país. Accesos que, debidamente actualizados, podrían convertirse en puntos de distribución de contenidos audiovisuales, sin límites geográficos ni demandas de recursos escasos, como es el espectro.
En el caso de los operadores de TV por cable, las limitaciones a la extensión de sus redes (vía licencias locales y topes a la participación de mercado), atenta contra el desarrollo de las redes más modernas tecnológicamente. Sin dudas que el mayor perjudicado por este esquema es Cablevisión, quien paga el precio de ser el operador del grupo de medios enfrentado con el gobierno desde hace unos años (pasando del amor al odio como en “La guerra de los Roses”). Una red de telecomunicaciones extensa y densa obtiene mejores escalas que le permiten no sólo ser más eficiente sino también más avanzada. En el caso de Cablevisión, su red de banda ancha representa el 26% de los accesos del país (a pesar de tener una cobertura geográfica muy inferior a la de las telefónicas). Pero al estar tan indivisiblemente asociada a su red de TV por cable, las restricciones que se apliquen a esta última también lo hacen sobre la primera. Nuevamente, una medida que limita la disponibilidad de puntos de acceso a contenidos audiovisuales.

Lamentablemente, enmendar la ley de Medios para que no atente contra el desarrollo de una infraestructura extendida y eficiente requeriría de un proceso legislativo que difícilmente se dé en el corto y mediano plazo. Así, los errores de una ley intoxicada por una visión retrógrada y disputas más personales que institucionales se conjugan para que la infraestructura de transporte digital (que va mucho más allá de lo audiovisual) no se desarrolle al ritmo que podría y debería. Esperemos que cuando se cumplan 4 años más, la situación sea otra.