En lo que ya se está convirtiendo en una costumbre inaugurada por la gestión anterior, el fin de año trae novedades relevantes en materia de regulación. Esta vez, con un broche de oro a un año excepcional: reglamentación del DNU 690 que convirtió a los servicios TIC en servicios públicos.
El arranque fue peor de lo esperado por operadores de todo tipo, tamaño y ubicación geográfica debido a dos resoluciones: la 1466, que fija los incrementos en los precios de los servicios, y la 1467, que define la PBU (Prestación Básica Universal y obligatoria) de cada servicio (telefonía fija, móvil, Internet y TV paga). La primera impacta negativamente en los ingresos. La segunda, en los costos. Nada puede salir mal…
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