Cuando terminaba el día, el viernes pasado, el gobierno
sorprendió con el DNU
690/20 que, en síntesis, declara a
los servicios TIC como servicio público al tiempo que extiende hasta fin de año
el congelamiento que había sido acordado con los operadores 90 días atrás.
La sorpresa no fue tanto por publicar el DNU que nadie esperaba (no sería la
primera y probablemente tampoco la última vez), sino que pareció romper con el
diálogo que el gobierno, a través del Enacom, tuvo a lo largo de toda la pandemia,
donde las medidas que impactaron en el sector fueron fruto de acuerdos con los
privados.
Un aspecto del DNU que preocupó a los licenciatarios TIC es,
lógicamente, todo aquello que impacta en su ecuación económica financiera. Por
eso, dos conceptos encendieron las luces
rojas del tablero: regulación de precios y congelamiento de los actuales. Un
concepto, el primero, que se verifica en el segundo.
El DNU menciona que los precios serán fijados por las
empresas, pero regulados por el Enacom. Es decir, las empresas proponen, Enacom dispone. Y tendrá que regular precios
en un mercado con múltiples actores (1.200 operadores entre grandes, PyMEs y
cooperativas), utilizando tecnologías distintas (fijas, móviles, cableadas,
inalámbricas, satelitales) y con escalas sustancialmente diferentes en función
de su área de cobertura. Amén de que cada operador tiene una paleta de
productos variada. Por lo tanto, no
puede regularse con un único precio. Y para tener múltiples precios, la
tarea de determinar que, como dice el DNU, cada uno de éstos deberá “cubrir los
costos de explotación, tender a la prestación eficiente y un margen razonable
de operación”. Todo a un precio que deberá ser “justo y razonable”. Una tarea titánica. Salvo que el
criterio pase por la subjetividad que implica que un precio parezca caro o barato.
Pero no se estaría cumpliendo con el criterio indicado en el DNU.
Esta semana, el gobierno de los EE.UU. suspendió diversas visas, incluyendo aquella para
trabajadores extranjeros, la famosa H1-B, para lo que queda del 2020. Una mala
noticia para la industria tecnológica de aquel país, pero, potencialmente, una
buena noticia para Argentina.
Con anterioridad a esta decisión,
los EE.UU. otorgaban hasta 85.000 visas H1-B
anualmente. Y de éstas, casi el 75% correspondían a pedidos de la industria tecnológica. Esto puede ser percibido
por cualquiera que tenga relación con empresas tecnológicas de aquel país, en
las que abundan los trabajadores extranjeros. Por lo tanto, y sobre todo si las
limitaciones se mantienen en el tiempo, puede ser una medida que atente contra
la innovación allí por cuanto los EE.UU. perderán acceso al talento proveniente
del exterior.
Desde el punto de vista de la tecnología, y más particularmente de las
telecomunicaciones, el ASPO (Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio)
implicó un cambio en los patrones de uso de Internet, con mucho del tráfico
comercial u organizacional migrando a accesos hogareños. Esto respondió a la gran cantidad de personas que siguieron
trabajando o estudiando desde sus hogares.
Luego de algunas semanas de
negociación, el gobierno, a través del Enacom, comunicó que había alcanzado un
acuerdo “con las partes” para establecer diversas
medidas en relación con precios y definiciones de servicios en el marco del
impacto económico de la pandemia.
Estos días, los grandes
operadores de servicios de telecomunicaciones argentinos que publican sus
balances por ser empresas que cotizan en bolsa (Claro, Telecom y Telefónica), mostraron los resultados del primer trimestre del año. Un período impactado no
sólo por un contexto macroeconómico difícil, sino que, en los diez últimos días
de marzo, también empezó a sentir las consecuencias de la pandemia, más
particularmente del ASPO (Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio).
La pandemia y el confinamiento llevaron al gobierno a buscar medidas diversas para tratar de mitigar sus efectos sobre la economía general, así como la de las personas. Naturalmente, los servicios TIC no quedaron al margen.
Todo arrancó con el DNU
311/20, del 24/03, que establecía que las prestadoras de servicios TIC
(entre otros servicios) no podían disponer de la
suspensión o corte de servicios en caso de mora o falta de pago hasta tres
facturas con vencimientos desde el 1/3/20. Pero particularmente para las TIC obligaba a mantener un servicio reducido, algo que no es aplicable por su naturaleza a
otros servicios como agua, electricidad o gas. La obligación se mantendrá por
180 días.
La combinación de hogares conectados que no miran
TV o consumen TV gratuita o un servicio de TV paga analógico con la
masificación del streaming presenta un interesante campo para la
evolución de propuestas de servicios OTT. Esto
surge del informe “Tecnología en el hogar 2019”, realizado por Carrier y Asociados.
De los hogares conectados a Internet que cuentan con TV paga, un 40% consume el servicio HD, con una clara correlación con el nivel socioeconómico, disminuyendo la penetración en la medida en que éste desciende. También hay diferencias desde el punto de vista generacional. Los hogares jóvenes (aquellos cuyos integrantes son sólo centennials y/o millennials, menores de 35 años) son claramente menos propensos a contratar HD, cuya penetración en este segmento desciende a prácticamente la mitad de la media general. El servicio HD también tiene menor penetración en las localidades chicas.
En estas semanas los tres principales operadores de
telecomunicaciones del país presentaron sus resultados para el 3º trimestre de
2019. Combinándolos se puede tener una instantánea del estado de la industria. En
un contexto de inflación y devaluación, los resultados son mixtos.
La cantidad de líneas móviles
declaradas en conjunto es de 57,9 M, lo que marca una caída interanual del 1,4%. A primera vista podrá pensarse en un
achicamiento por la recesión, sin embargo hay más detrás de esos números. Por
un lado, el proceso de nominatividad de las líneas móviles que está produciendo
una depuración de líneas sin uso. Por otra parte, la caída se produjo en las
líneas prepagas que llegó al 4%, no así en las pospagas que crecieron un 2,5%.
Es justamente en las prepagas donde existen aún líneas no nominadas, es decir que
no identifican a su titular. Así las cosas, hoy un 59% de las líneas móviles
son prepagas contra un 41% pospagas.
Si bien la oferta triple play se encuentra vigente
en Argentina desde hace un tiempo, su crecimiento fue impulsado por la
habilitación a que las telcos ofrezcan servicios de comunicación audiovisual
(léase TV) que se dio, a los efectos prácticos, el año pasado. Esto implicó un crecimiento
de los paquetes triple play (internet, teléfono fijo y TV) que subieron su
penetración en 8 puntos en un año, pasando del 15% al 23% de los hogares
conectados. Esto surge del
informe “Tecnología en el hogar 2019”, realizado por Carrier y Asociados.
Actualmente, el mercado de triple play se halla dominado por unos de sus pioneros, Telecentro, seguido a cierta distancia por Telecom (que completó su oferta con la fusión con Cablevisión) y por Telefónica (que entró al negocio de la TV de la mano de su despliegue de fibra óptica al hogar). El resto está conformado por empresas que en sus orígenes ofrecieron únicamente TV por cable.
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