Archivoseptiembre 2015

En una operación que tomó por sorpresa a la industria de las telecomunicaciones, esta semana el Grupo Clarín anunció la adquisición del 49% de Nextel Argentina con una opción por el 51% restante por la suma US$ 165 millones que podría llegar a US$ 178 de cumplirse determinadas condiciones no especificadas públicamente. La noticia no fue tanto la venta de Nextel, ya que era sabido que a la operación local le había colgado el cartel de “for sale” desde hace bastante tiempo, sino que el comprador fuera el Grupo Clarín, o más específicamente, Cablevisión.
En un país normal, el foco hubiera estado puesto principalmente en la estrategia de negocios que llevó a tal determinación. Pero en Argentina, donde en los últimos 6 años el enfrentamiento entre el Gobierno Nacional y el Grupo Clarín fue una constante, una operación de estas características despertó todo tipo de especulaciones y reacciones. La primera y única reacción institucional fue la de la AFTIC, la autoridad regulatoria en materia de telecomunicaciones, que en el mismo día del anuncio emitió un comunicado de prensa en el cual expresaba que la operación no había recibido su autorización, tal cual lo marca el art. 13 de la ley conocida como Argentina Digital.
Por el lado del Grupo Clarín sostienen que la autorización previa no es necesaria ya que la ley no se encuentra reglamentada, por lo que interpretan que rige aún la reglamentación anterior que no exige autorización si no hay control de la empresa adquirida. Esa es la razón por la cual se anunció la compra del 49% mientras que el 51% es una opción. Este será sin dudas un punto de discusión que involucrará a abogados, quienes tienen el raro talento de hacer posible lo imposible e imposible lo posible…
Los días subsiguientes dejaron entrever las diferencias al interior del gobierno. Quienes salieron a cuestionar la operación en los medios forman parte de lo que se podría considerar el cristinismo (seguidores de la presidenta), aunque no fueron aquellos que están directamente involucrados en la regulación del sector. Por otra parte, el actual jefe de gabinete y candidato a gobernador de la provincia de Buenos Aires, un político versátil que se adapta a los tiempos cambiantes, suavizó mucho esta mirada al afirmar que si el Grupo Clarín “cumple con los requisitos y no hay daño, no habría ninguna cosa que lo impida”. En otras palabras, el mensaje tácito del peronismo tradicional hacia el cristinismo/kirchnerismo sería algo así como “la pelea con Clarín es de Uds., no del peronismo”. En plena campaña con vistas a las elecciones presidenciales en poco más de un mes, estas cosmovisiones al interior del gobierno seguramente serán un ingrediente a considerar en el desenlace de la disputa técnica.
Al margen de la discusión sobre si el procedimiento fue el correcto, la operación en sí no parece ameritar un rechazo por parte de las autoridades regulatorias. La compra no traería una mayor concentración en el negocio de móviles sino que por el contrario, sentaría las bases para su revitalización con el surgimiento de un 4° operador. Conviene recordar que NII, el holding dueño de Nextel, acaba de salir del Chapter 11, dando el control accionario a fondos de inversión que quieren recuperar su dinero. Esto se da más aún en el caso de Argentina, donde a pesar de contar con una operación todavía rentable que le da a Nextel Argentina una caja de US$ 85 millones, los mismos no pueden ser girados al exterior por las restricciones impuestas. Esto, combinado con el camino sin salida desde el punto de vista tecnológico en el que se encuentra Nextel Argentina, sólo podría condenar a esta empresa a su lenta desaparición. De hecho, viene perdiendo clientes constantemente ante la falta de una oferta de datos a la altura de sus competidores. En el último año la caída fue del 8%, mientras que tan sólo en el segundo trimestre de 2015 fue del 4,6%. Demasiada sangría si no hay perspectivas de cambios.
Si bien es cierto que en los últimos meses hubo fondos de inversión del exterior interesados en la adquisición de Nextel, su objetivo era desguazarla para recuperar el dinero con la venta de las partes y no invertir en transformarla, algo inviable sin nuevas asignaciones de espectro para servicios 3 y 4G.
Visto así, sería difícil de justificar políticamente para el gobierno (actual o futuro) dejar que una empresa que emplea a 1.200 personas en forma directa se desvanezca lentamente por un encono casi personal.