Archivonoviembre 2017

La semana que pasó fue prolífica en materia de novedades en política fiscal, que en definitiva también lo son de política en sentido más amplio. Dentro de su reforma tributaria, el gobierno enfrenta a la manta corta. Sabe que tiene que aflojar la presión tributaria, pero no puede resignar recursos en la medida en que mantenga el actual nivel de gastos. Como consecuencia, mueve fichas: baja algunos tributos al tiempo que sube otros y amplía la base contribuyente. Por supuesto, el sector tecnológico no quedó al margen de estos reacomodamientos, los cuales deberán ser confirmados por el Congreso.
Una de las batallas se libró en el ámbito de los dispositivos celulares. La propuesta original del gobierno consistía en una eliminación directa de los impuestos Internos. La medida tenía su lógica. Los impuestos Internos nacieron como un impuesto a consumos específicos que, originalmente, afectaban a los bienes suntuarios, aunque luego se fueron extendiendo a otros productos como una forma de lograr mayor recaudación (cigarrillos, bebidas alcohólicas y analcohólicas). Dentro de estos consumos específicos, en algún momento se incluyó la venta de terminales celulares. Algo que podría tener lógica cuando en el país había un millón de líneas, pero no hoy donde la penetración de éstas supera el 100%, convirtiendo a los celulares en el principal producto de consumo masivo, al nivel de los alimentos o la vestimenta. Así, la aplicación de los impuestos Internos a los celulares sólo tiene un fin recaudatorio que atenta contra el cierre de la brecha digital, habida cuenta de que serán éstos y no las PC los instrumentos para lograrlo.
Pero al anunciar la eliminación a los impuestos Internos a los celulares, el gobierno logró que la provincia de Tierra del Fuego y las empresas allí radicadas pusieran el grito en el cielo. Esto se debió a que, con la eliminación total de este impuesto Interno, la producción de la isla perdía parte de su diferencial de costos respecto de la importación de productos terminados. Es que actualmente, la tasa es del 6,55% para los productos de la isla frente a un 17% tributado por los importados. Algo más de 10 puntos de diferencia que impactarían negativamente en su competitividad.
No es claro si el gobierno jugó fuerte para después negociar o si simplemente no midió las consecuencias de la medida, pero lo concreto es que la medida fue revisada. Ahora la propuesta es que los productos de Tierra del Fuego comiencen a pagar 0% mientras que los importados, que pagaban 17%, pasarán a pagar inicialmente 10,5% para ir descendiendo hasta el 2% en 2023. Esta concesión no llegó sola. Como contrapartida, los empresarios con plantas en la isla y los gremios acordaron un congelamiento de salarios por 2 años (asumiendo una disminución real habida cuenta de la inflación) a cambio de no realizar despidos entre los 8.000 trabajadores impactados. Adicionalmente, la gobernadora de Tierra del Fuego firmó el compromiso de reducir los costos portuarios y la tasa de verificación de procesos productivos. La combinación de eliminación de impuestos Internos, el congelamiento salarial y la reducción de costos portuarios y fiscales locales, impulsarán una baja efectiva del costo de los productos de la isla.
Sin embargo, no todo es color de rosa para los consumidores. La rebaja de impuestos Internos a los equipos celulares vino acompañada por la suba del mismo al servicio celular, el cual pasaría del 4 al 5%. Una de cal y otra de arena.
Otra medida de impacto fiscal es la aplicación del IVA a los servicios digitales del exterior, que impacta a nombres como Netflix, Google, Microsoft, Spotify, iTunes y tantos otros. El impuesto será retenido por las tarjetas de crédito (medio de pago para estos servicios), impactando probablemente en el monto final a pagar por los consumidores.
Finalmente, se abrió un debate interesante por la aplicación del gravamen a la renta financiera de las monedas digitales (ej. Bitcoin), proponiendo una tasa del 15%. Más allá de la dificultad para su aplicación ya que una de las características de las monedas digitales es un cierto anonimato, este gravamen asimila a las monedas digitales a títulos, acciones y bonos más que a una divisa. Los defensores de las monedas digitales proponen que sean incluidas dentro del marco regulatorio de otras monedas y divisas para las personas físicas, donde las ganancias y pérdidas sean consideradas “diferencias de cambio”, y, por lo tanto, excluidas del impuesto. Esto abre un debate interesante, ya que por el fuerte crecimiento de valor de las bitcoins, que pasaron, fruto de la especulación, de menos de US$ 0,10 en 2010 a más de 7.000 en la actualidad, no tienen las características de una moneda, la cual necesita un valor estable (no fijo) para ser un medio de intercambio. Un debate que seguramente tendrá entretenidos a los tributaristas.
Como se ve, más allá de la justicia (o no) de los gravámenes propuestos, resulta claro que el objetivo del gobierno es acomodar la presión tributaria, pero sin resignar recursos. Algo que no podrá plantearse seriamente hasta tanto no haya contrapartida de similar magnitud en el gasto. Las matemáticas no tienen ideología. Ésta se manifiesta en cuánto y a quién se cobra impuestos y en cómo se los gasta. La búsqueda del equilibrio fiscal per se no es motivo de debate ideológico.