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Con el lanzamiento del iPhone 12 la semana pasada, una de las primeras reacciones, como siempre sucede, fue determinar cuánto costará adquirir este equipo en Argentina. Acto seguido, surge la cara de espanto.

Según información periodística, el modelo de iPhone 12 que en su país de origen (EE.UU.) es de US$ 943 tendrá en Argentina un precio final de US$ 2.100. Esto al cambio oficial que es el que utilizan los importadores. En esta marcada diferencia de precio juegan dos factores: el fiscal (impuestos varios y aranceles) y el microeconómico.

Desde el punto de vista fiscal, es conveniente recordar que, al no producirse en Tierra del Fuego, el iPhone no cuenta con los beneficios de los productos de la isla. Pero esta asimetría fiscal no es la única explicación en el diferencial de precio. También juega fuerte unas economías de escala muy bajas, que deben absorber los costos operativos de su comercialización en volúmenes decididamente modestos.

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Urgencia y necesidad

De Argentina se pueden decir muchas cosas, pero lo que no se puede negar es que uno nunca se aburre. Recurrentemente nos encontramos frente a una noticia “bomba” que queda rápidamente tapada por una seguidilla de nuevas noticias “bomba”. Algo así pasó con el DNU 690/2020, que declaró a los servicios TIC como servicios públicos y habilitó de esta forma el control de sus precios. Y que hoy parece haber quedado muy lejos en el tiempo. Pero no es así.

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Esperando a 5G(odot)

Es lógico que para quienes no son parte del sector de las telecomunicaciones el 5G no es otra cosa que algo más evolucionado, pero sin tener muy en claro el por qué. Sin embargo, es un tema que más y más está en los medios, ya sea por sus proezas tecnológicas, por estar en medio de la guerra fría entre EE.UU. y China o porque llegan noticias de países vecinos avanzando en la materia (licitando espectro o más aún con los primeros despliegues). Pero también influyó mucho en este renovado interés por el 5G los posibles efectos del DNU 690/20 que recogió un rechazo casi unánime por parte de todos los licenciatarios de servicios TIC (quienes saben que ahora sólo les queda acotar su impacto o resolverlo a su favor en la reglamentación). Entonces la pregunta que muchos comienzan a hacerse es cómo queda parada Argentina respecto del 5G en este escenario.

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En medio de la polvareda

A dos semanas de la publicación del DNU 690/20 que declara servicio público a los servicios TIC, lo que habilita la regulación de sus precios, y establece el congelamiento de éstos hasta el 31/12, hay más dudas que certezas respecto a los detalles que se resolverán con la reglamentación que será responsabilidad del Enacom. Sin embargo, luego de la sorpresa inicial quedan elementos para analizar, así como nuevas movidas que pueden marcar un norte.

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El diablo está en los detalles

Cuando terminaba el día, el viernes pasado, el gobierno sorprendió con el DNU 690/20 que, en síntesis, declara a los servicios TIC como servicio público al tiempo que extiende hasta fin de año el congelamiento que había sido acordado con los operadores 90 días atrás. La sorpresa no fue tanto por publicar el DNU que nadie esperaba (no sería la primera y probablemente tampoco la última vez), sino que pareció romper con el diálogo que el gobierno, a través del Enacom, tuvo a lo largo de toda la pandemia, donde las medidas que impactaron en el sector fueron fruto de acuerdos con los privados.

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La fórmula mágica

Un aspecto del DNU que preocupó a los licenciatarios TIC es, lógicamente, todo aquello que impacta en su ecuación económica financiera. Por eso, dos conceptos encendieron las luces rojas del tablero: regulación de precios y congelamiento de los actuales. Un concepto, el primero, que se verifica en el segundo.

El DNU menciona que los precios serán fijados por las empresas, pero regulados por el Enacom. Es decir, las empresas proponen, Enacom dispone. Y tendrá que regular precios en un mercado con múltiples actores (1.200 operadores entre grandes, PyMEs y cooperativas), utilizando tecnologías distintas (fijas, móviles, cableadas, inalámbricas, satelitales) y con escalas sustancialmente diferentes en función de su área de cobertura. Amén de que cada operador tiene una paleta de productos variada. Por lo tanto, no puede regularse con un único precio. Y para tener múltiples precios, la tarea de determinar que, como dice el DNU, cada uno de éstos deberá “cubrir los costos de explotación, tender a la prestación eficiente y un margen razonable de operación”. Todo a un precio que deberá ser “justo y razonable”. Una tarea titánica. Salvo que el criterio pase por la subjetividad que implica que un precio parezca caro o barato. Pero no se estaría cumpliendo con el criterio indicado en el DNU.

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Descubriendo la fibra

Cuando se es presidente de un país se está expuesto a errores en el manejo de información. Un presidente no puede estar en todos los temas al detalle, por lo que depende de la información (y el criterio) que le proveen sus colaboradores. Esto le pasó a Alberto Fernández quien, durante una reunión (a la distancia, a tono con los tiempos) con el Americas Society/Council of the Americas, afirmó que “en los últimos cuatro años se fue desactivando … la inversión en fibra óptica”. Sin embargo, las cifras oficiales lo contradicen.

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Avistando acciones

Más allá de las diferencias en cuanto al desarrollo reciente de la fibra óptica en Argentina, esta semana dejó algunas definiciones importantes en cuanto a la política de telecomunicaciones para el país. Y éstas provinieron de dos autoridades clave: el presidente de la Nación y la Secretaria de Innovación Pública. Así, comienzan a surgir con mayor precisión planes y políticas para el sector.

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Revitalizando al SU

Si hay algo que caracterizó al Servicio Universal (SU) desde su creación en Argentina fue que, por distintos motivos, nunca llegó a cumplir con todas las expectativas y potencialidades. Por su parte, la llegada de la pandemia puso en evidencia que todavía falta mucho para la universalización del servicio (tanto aquí como en otros países), exigiendo entonces un sacudón al tema para poder canalizar mejor y más rápido los fondos que se acumulan mensualmente.

En este escenario, el Enacom redactó un nuevo reglamento del Servicio Universal, a través de la resolución 721/2020. El mismo introduce algunos aspectos que deberían colaborar a una ejecución más rápida y eficiente de los fondos.

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Bumerán viral

Los acontecimientos sociales que arrancaron con el caso de George Floyd llevaron a una espiralización de las tensiones en la sociedad estadounidense que rápidamente se viralizaron para tener repercusiones globales. Quedaron en el medio las redes sociales, que se vieron forzadas a tomar posiciones, principalmente a través del manejo que hicieron de algunas publicaciones, especialmente aquellas cuya incitación al odio o a la violencia fueron consideradas como censurables.

El devenir de los hechos llevó a que una (entonces) pequeña protesta, que se inició el 17 de junio por grupos estadounidense por los derechos civiles fuera ganando fuerza a través de la campaña #StopHateForProfit. La misma acusa a Facebook de publicar material que incita a la violencia y logró persuadir a unas 200 empresas a retirar sus anuncios de esta plataforma. En la lista figuran nombres de la talla de Microsoft, Starbucks, Coca Cola, Unilever, entre tantos otros. En muchos casos, esta decisión es temporaria, generalmente abarca el mes de julio, aunque se estima que la continuidad de la abstención publicitaria dependerá de las medidas que Facebook tome al respecto (algo que por el momento no parece que vaya a cambiar).

Estas decisiones, dejan más preguntas que certezas.

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