Pasaron 8 meses de la entrada en vigor del DNU 690, que declaró servicio público a los servicios TIC. Este cambio de status permitió al gobierno fijar su precio no directamente sino a través de las actualizaciones recurrentes que demanda una economía inflacionaria como la Argentina, con tasas que se acercan peligrosamente al 5% mensual. La medida tuvo el extraño privilegio de unificar cuestionamientos de parte de todo el arco de prestadores (grandes, medianos y chicos, nacionales y multinacionales, empresas y cooperativas). Era natural considerar entonces que lo que se venía no era un camino de rosas.
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