El reciente decreto 1340/2016 introdujo algunas definiciones conceptuales contundentes en relación a la política del gobierno en materia de comunicaciones convergentes. Sin embargo, muchos puntos espinosos no terminan de ser precisados, quedando las definiciones postergadas hasta tanto el regulador, a través del Ministerio de Comunicaciones y del ENACOM, así las defina.
En líneas generales, quedan en claro dos puntos. Uno es la prioridad que se le asigna a la inversión por sobre la competencia, al menos en el corto plazo. Es indiscutible que Argentina se encuentra atrasada en términos de infraestructura fija, con una razonable penetración, pero un bajo ancho de banda promedio y con grandes diferencias en el mismo a nivel geográfico. Por lo tanto, no se puede hablar seriamente de competencia sin un fuerte proceso inversor previo. El otro punto, y que armoniza con el anterior, es la política expresa de habilitar a las comunicaciones móviles cuanto espectro sea posible, priorizándolo por sobre otros servicios.
La convergencia total implica que cualquier operador pueda dar todo tipo de servicio. Y teniendo en cuenta el escenario actual, las miradas se centran en el ingreso de las empresas de telecomunicaciones al negocio de la TV, así como en la incorporación de servicios móviles por parte de empresas proveedoras actualmente de servicios fijos (banda ancha y TV).
Por el lado de la TV, el decreto establece que las empresas de telecomunicaciones que están impedidas de dar servicios de comunicación audiovisual (Claro, Telecom y Telefónica) podrán comenzar a hacerlo a partir del 1° de enero de 2018. Sin embargo, sólo podrán dar servicio inicialmente en las áreas metropolitanas de Buenos Aires, Rosario y Córdoba capital, todas áreas donde opera Cablevisión. Son las tres principales ciudades del país que en su conjunto concentran el 36% de la población del país. Esto implica que el restante 64% no accederá a los beneficios de una mayor competencia por un tiempo no determinado. El decreto exceptúa del ingreso de las telcos al servicio de TV en localidades de menos de 80.000 habitantes. Se trata de una medida “para la tribuna”, ya que no son mercados de interés para grandes operadores debido a su baja concentración de población. Pero no establece plazos para todo el resto de las localidades que se encuentran entre éstas y las tres más grandes especificadas. Por lo tanto, quedan fuera de este nuevo entorno competitivo ciudades como Mendoza, para alegría del grupo Vila-Manzano. Así, ésta es una medida que favorece a la industria del cable, a excepción principalmente de Cablevisión y de Telecentro.
Por otra parte, se mantiene el impedimento de que las telcos ofrezcan servicios de TV vía satélite. En términos técnicos, esto va en contra de la libertad tecnológica del operador para elegir cómo ofrecer sus servicios. No obstante, primó una visión más enfocada a la inversión, ya que las telcos deberán mejorar la capacidad de sus redes de cable para dar este servicio. La competencia en TV deberá esperar a este despliegue. No obstante, DirecTV se mantiene al margen de esta limitación, permitiéndosele retomar legalmente los servicios (y sus tecnologías) que tenían hasta la publicación del decreto 267. Además de TV satelital, DirecTV ofrece desde hace años acceso a Internet inalámbrico y estaba expandiendo este servicio hasta que el decreto mencionado congeló sus planes. Vuelve a su status anterior, invirtiendo en su red terrestre.
El ingreso de nuevos jugadores al terreno de los servicios móviles es más complejo y espinoso. El decreto anticipa normas y procedimientos para asegurar la reatribución de frecuencias ya asignadas para que sean aptas para servicios móviles. Menciona también que deberán definirse compensaciones económicas (por el mayor valor que tiene el espectro fijo respecto del móvil) así como las obligaciones de cobertura y metas específicas. Si bien muchos vieron a Cablevisión-Nextel como el más favorecido, lo concreto es que sin conocer los aspectos que quedan por definir, no se sabe a ciencia cierta cuán atractivo resultará este proceso. Como reza el dicho, el diablo está en los detalles.
Por otra parte, menciona que se podrá asignar espectro no sólo a los actores actuales sino también a prestadores locales o regionales de servicios TIC en sus áreas de operaciones. Esto permite deducir que el gobierno piensa no ya en un único 4° operador sino en múltiples 4° operadores, cada uno en áreas geográficas distintas. Esto se vería potenciado con la puesta en funcionamiento de la Red de Protección Pública y Operaciones de Socorro, Defensa y Seguridad, pensando en situaciones de emergencia. Según declaraciones radiales del Ministro Aguad en el programa TMT conducido por José Crettaz, la idea es llamar a licitación para la construcción de una red que, como tendrá capacidad ociosa la mayor parte del tiempo, sirva también para ofrecer servicios mayoristas, utilizando las bandas de 700 MHz y 2,5 GHz. Toda una novedad.
El surgimiento y desarrollo de nuevos operadores móviles no sólo tiene que ver con el espectro sino también con temas más áridos, pero no menos relevantes como condiciones de interconexión o de roaming. En el caso de la interconexión se establecerán tarifas asimétricas por el término de 3 años prorrogables por 18 meses más. Si bien señalan que inicialmente se tomarán como referencia promedios de tarifas para servicios similares en Latinoamérica, no se indican cuáles serían las condiciones que podrían dar lugar a la mencionada prórroga. El roaming, que permitirá que clientes de un operador regional usen su servicio más allá del área de cobertura original, será obligatorio por 3 años. Ambas son medidas para ayudar a entrantes mientras se desarrollan, donde lo que se debate es si ese plazo es adecuado o exiguo.
Finalmente, se fijó en 15 años la no aplicación de la desagregación del bucle en redes NGN de última milla. Esto implica que, durante este término, los operadores que desplieguen en adelante redes de última milla NGN (fibra óptica o cable coaxil) no estarán obligados a permitir que otros operadores utilicen esa infraestructura para dar sus servicios. Garantizando la exclusividad del uso de sus propias redes de última generación, motiva a las telcos (Telecom y Telefónica por tener una tecnología vieja y Claro por prácticamente no contar con infraestructura cableada) a invertir en el desarrollo y capilaridad de las mismas, aunque esta protección también aplicaría para los nuevos tendidos de los actuales operadores de TV por cable. Aquí nuevamente se ve el foco en la inversión por sobre la competencia. No obstante, si el término de 15 años es el adecuado, es materia debatida.
Tácitamente, el gobierno afirma que en materia de convergencia hoy la prioridad es multiplicar la inversión. La competencia real y efectiva deberá esperar mientras se despliegan las redes (fijas y móviles) necesarias. Sin embargo, todavía quedan pendientes muchas definiciones, más técnicas, pero no menos políticas, que pueden inclinar la cancha para uno u otro lado. Lo que está asegurado es que la acción se mantendrá en los próximos meses.
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