Finalmente, y luego de hacerse esperar unos meses, llegó la medida de gobierno tan ansiada como descontada: la derogación del nefasto DNU 690/20. Lo hizo a través de otro DNU, el 302/24 que, básicamente, lo que hace es retrotraer el marco jurídico al 20 de agosto de 2020, día previo a la publicación del 690.
El DNU 690 fue, sin dudas, la peor medida regulatoria de las telecomunicaciones tomada en décadas. Partiendo del concepto mismo, abordaba un tema coyuntural (la pandemia y el valor potenciado de la conectividad) a través de medidas estructurales (declaración de servicio público y regulación de precios). Nada podía salir bien. Se trató de una decisión que tomó por sorpresa no sólo a las empresas prestadoras de servicios TIC sino también a varios funcionarios con responsabilidad en el área. Sorprendió también porque, hasta ese momento, había un diálogo razonablemente bueno entre operadores y gobierno, del que surgieron distintas medidas acordadas para mitigar parcialmente el impacto de la pandemia a través de los múltiples usos de las TIC.
Básicamente, el DNU 690 recategorizó como servicio público a todos los servicios TIC (incluyendo a la TV paga), paso previo para la regulación de precios así como la exigencia de una prestación básica universal (PBU). De estos cambios, sin dudas la regulación de precios, de haberse llevado a cabo como estaba prevista, hubiera tenido el efecto más devastador a corto plazo. En el período que va desde agosto del 2020 (cuando se dicta el DNU) hasta diciembre 2023 (fecha de los últimos aumentos autorizados), la inflación acumulada fue del 948%. En el mismo período, los precios de los servicios de comunicaciones crecieron por debajo de la inflación, un 662%, actualizados libremente gracias a las medidas cautelares. Mientras tanto, los aumentos autorizados por el Enacom sólo fueron del 249% en el mayor de los casos. En otras palabras, los aumentos autorizados representaron el equivalente a apenas ¼ de la inflación. Devastador.
Estas cifras muestran que más allá de haberse evitado el colapso de la industria gracias a las medidas cautelares, el aumento de los precios igualmente fue por debajo de la inflación, en función de lo que permitía la demanda y habilitaba la competencia.
Por otra parte, también es importante destacar que en los primeros meses de la aplicación del DNU, y hasta tanto comenzaron a lograrse las cautelares, el sector vivió un auténtico freno a la inversión. El mismo se manifestó a través de una muy fuerte desaceleración en el crecimiento de los accesos de fibra óptica a partir del 2020. No sólo cayó fuertemente ese año, sino que en los años siguientes estuvo lejos de volver a los niveles pre DNU, a pesar de ser la tecnología de acceso estrella del momento.
Hubo por parte del gobierno de entonces un grosero error de cálculo. No sólo se trató de una medida improvisada y sin basamento técnico como para esperar que fuera exitosa. Pero además de su impacto en la inversión, ciertamente ayudado por un contexto macroeconómico cada vez más complejo, el 690 tuvo consecuencias inesperadas y relevantes al mismo tiempo: unir a las empresas del sector (de todo tipo y tamaño) en una causa común como lo fue la derogación del DNU. Este alineó a todos los operadores en su contra recurriendo a la justicia, ya sea directamente o a través de cámaras sectoriales, y obteniendo medidas cautelares que anulaban sus efectos. Este objetivo común dio lugar a reuniones y en las conversaciones varios temas más de la actividad fueron aflorando, iniciando un camino de búsqueda de consensos y acuerdos. Así nació la Mesa TIC, que con el tiempo fue creciendo hasta lograr la adhesión de prácticamente toda la industria a través de cámaras y federaciones (Cumbre de Costa del Este en abril del 2023).
Dando vuelta la página al fatídico DNU 690, queda entonces por ver el impacto que tendrá el reparador DNU 302. En una sociedad sensibilizada con la disparada de ciertos precios, y con la medicina prepaga como ejemplo claro de los excesos de la liberación de precios en mercados no perfectos, la medida avivó temores de disparadas en los servicios TIC. Sin embargo, la situación es particular, ya que la regulación era inocua por el efecto de las cautelares. De hecho, en los últimos meses los precios sufrieron ajustes importantes, donde a la inflación general se le sumó la devaluación del 50% y la suba de la alícuota del impuesto PAIS a la importación. Pero ahora, con el dólar abaratándose y la inflación en desaceleración (aunque todavía alta), no hay demasiado justificativo para saltos en los precios de los servicios TIC.
Así, esencialmente la derogación del DNU 690 tiene más consecuencias jurídicas que económicas. Impacta en las empresas porque despeja una contingencia. Pero también tiene un efecto simbólico. La medida fue muy bien recibida por toda la industria. Algunos van más allá y creen ver en ella el signo de una nueva era, con reglas claras y racionales que propicien el desarrollo de inversiones y mejoras en la conectividad en el país. En definitiva, que sea la piedra fundacional de una transformación regulatoria. Para ello, hace falta muchísimo más, es cierto. Pero había que dar el primer paso.
En resumen, con la derogación del 690 se cierra una etapa oscura de la regulación de las telecomunicaciones de Argentina. Fue fruto de una decisión tomada a las apuradas que no logró ningún efecto positivo, pero sí negativos para el segmento TIC y toda la población Argentina. No llama la atención que nadie se adjudicara abiertamente su autoría. De hecho, no solo careció de autores visibles. Tampoco tuvo defensores de peso y convincentes en la discusión pública. Nadie quiso hacerse cargo del engendro. Hubo apenas unos grandes beneficiados: los abogados (como siempre).