Desde que a mediados de enero el gobierno publicó el DNU 58/2019 (que dispuso del espectro reservado a Arsat con carácter preferencial) se especulaba respecto de cuándo se licitaría el mismo. Finalmente, aunque sin fecha firme aún, el vicejefe de Gabinete y secretario de Modernización anunció que esto ocurrirá en los próximos 60 días. Entre julio y agosto.
Las razones para que esto ocurra antes de las elecciones son dos: una económica y otra política. La económica tiene que ver con el monto que recaudará el Estado Nacional, estimado en varios cientos de millones de dólares, que vienen muy bien en momentos en que se busca reforzar el equilibrio fiscal. La política se basa en que como la “liberación” del espectro fue resultante de un DNU y éste está vigente a menos que ambas cámaras del Congreso lo rechacen, en tiempos preelectorales donde la actividad legislativa merma, la probabilidad de un rechazo es menor. Una vez que el espectro se asigne, se convertirá en un derecho adquirido para los operadores que se vean adjudicados. Así, aunque el Congreso lo rechazara posteriormente, sería una decisión inocua. De este modo, y parafraseando al Presidente, es aquí, es ahora.
En rigor, se anunció que habrá dos licitaciones. Una será por espectro de alcance nacional y estará dirigida a los actuales operadores (Claro, Telecom y Telefónica). La otra será por espectro regional, con el país dividido en cinco áreas, y que estará dirigida a operadores regionales y locales. De esta forma, el negocio móvil con espectro propio se abrirá a nuevos actores.
En la licitación nacional se ofrecerá parte de la banda 1.7/2.1 GHz (utilizada para 4G) y la de 1.9 GHz (utilizada para 2 y 3G). También se incluirán los 80 MHz que debe devolver Telecom como parte de las exigencias para la aprobación de su fusión con Cablevisión y que están por encima de límite actual de 140 MHz (Telecom tiene hoy 220 MHz).
Por su parte, en la licitación para operadores regionales se pondrá a disposición 20 MHz en la frecuencia de 700 MHz y un parte de la banda 1.7/2.1 GHz. O sea, todo espectro para 4G. En principio se pondrían en juego un total de 170 MHz (los 90 MHz sobre los que Arsat tenía prioridad y lo 80 MHz que devuelve Telecom).
La gran pregunta que se hacen todos es cuánto podría recaudar el Estado por ambas licitaciones. Si bien todavía faltan ciertas precisiones como para hacer una aproximación más cierta, se puede jugar con algunos números y supuestos.
Por un lado, está el antecedente de lo que en 2014 ofertara Arlink por el espectro destinado al fallido 4º operador. Fueron US$ 506 M que nunca se pagaron. A partir de allí, hay factores que inciden tanto para aumentar ese monto como para disminuirlo.
Hay dos consideraciones que podrían hacer subir ese valor. Para empezar, es mayor la cantidad de espectro en juego. Ya no se trata sólo de los 90 MHz por los que Arlink había ofertado, sino que se suman los 80 MHz que devuelve Telecom. Adicionalmente, siendo que se trata de frecuencias en uso, la inversión en red para utilizar ese espectro es mucho menor que la que se necesitó para comenzar a utilizar el espectro de 4G en 2014, cuando hubo que agregar sitios y actualizar los existentes. Entonces, dentro de la inversión total, la participación del espectro puede ser más alta.
Pero también hay factores que inciden para que el precio a pagar sea menor. Por un lado, para los operadores existentes hay una mucho menor urgencia por hacerse de espectro que la que había en 2014. Entonces las redes celulares estaban colapsadas luego de 15 años de espectro congelado. Adicionalmente, en aquél entonces los dólares al cambio oficial eran sensiblemente más “accesibles” que en la actualidad. Finalmente, para los nuevos operadores regionales, el espectro será sólo una fracción de lo que necesiten invertir en infraestructura (cableados, antenas y tecnología para una red totalmente nueva). Así, en su inversión total el espectro no puede ser una proporción alta. A todo esto se puede sumar que como los US$ 506 M ofertados originalmente por Arlink nunca se pagaron, queda la duda de si ese era realmente su valor. Una cosa es ofrecer (o pedir) y otra, más concreta, lo que se paga. En definitiva, ese valor nunca fue refrendado.
Así las cosas, si el Estado recaudase alrededor de US$ 500 M, podría ser considerado como un éxito y un interesante ingreso para las arcas fiscales. Por el momento, las especulaciones y cálculos informales se sitúan más en alrededor de los US$ 400 M. Habrá que ver qué ocurre al momento de tener que comprometerse. Será la hora de la verdad.