Durante la semana pasada se realizó en Ciudad de México el “Latam Innovation Day 2019”, un evento convocado por la Agenda Digital para América Latina y el Caribe (eLAC) de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) y CAF Banco de Desarrollo de América. De la jornada participaron funcionarios, operadores y especialistas en la materia, por lo que sirvió para tomar el pulso de los temas que preocupan en la región.
Por supuesto, no faltaron las frases declamativas en relación con la brecha digital (tanto de conectividad como de apropiación). En este sentido, y en el que probablemente haya sido su último discurso como funcionario público, el secretario TIC de Argentina, Héctor Huici, dio en la tecla: “Decimos que Internet es un derecho humano, lo ponemos en la ley y nos quedamos contentos. Esas declaraciones no hacen que el acceso a Internet sea más económico, más abundante, de mejor calidad y que llegue a todos. Que esto sea así es el resultado de políticas públicas que se planifican con información”. Impecable.
En materia de 5G, parece haber coincidencia en que, al menos en los primeros años, América Latina no tendrá un rol relevante. En esto influye no sólo que aún en muchos países no se completó el despliegue de 4G. También que 5G demandará cuantiosas inversiones en infraestructura cuyo repago todavía no es evidente, o que mínimamente requerirá de inversiones adicionales en otros ámbitos, como reingenierías, desarrollos de nuevos dispositivos y plataformas. Y todo en mercados cuyo ARPU (ingreso promedio por abonado) es sensiblemente inferior al de aquellos que hoy están desplegando 5G (con respuestas diversas por parte del mercado). Así, más allá de anuncios de lanzamiento del servicio con cobertura tópica, en general la actitud de los operadores latinoamericanos es más de “wait and see”.
Claro que si se habla de 5G, el tema espectro no puede obviarse. En este sentido resultó interesante observar que no ya sólo los operadores sino también los reguladores comienzan a hablar de replantear el cobro por el espectro. El fundamento es que el escenario actual de las telecomunicaciones móviles dista mucho de aquél de algunos años atrás, donde las tasas de crecimiento en líneas y en consumo de datos permitían que su costo fuera amortizado en un plazo razonable. Con 5G no habrá más usuarios móviles en mercados con un 100% de penetración y el aumento en el consumo de datos no se dará si éstos no bajan de precio. Por su parte, los objetos consumen pocos datos, lo que exigirá un pricing distinto. Queda el acceso fijo inalámbrico como negocio que pueda generar nuevos ingresos y/o ahorros en el despliegue de acometidas al hogar o edificios que aceleren el recupero de la inversión.
El problema de no cobrar por el espectro es que también es legítimo recaudar por el uso de bienes que son del dominio público. Por lo tanto, difícilmente los funcionarios de turno quieran arriesgarse a ser cuestionados por cederlos sin pago alguno. No obstante sí podría ser a cambio de algún tipo de contraprestación y obligación, sin dejar de lado valuaciones más ajustadas al nuevo escenario. Pero evidentemente el escenario que se vislumbra exigirá un nuevo enfoque respecto del espectro radioeléctrico. Por lo menos es un primer paso que ya se comience a hablar abiertamente de ello desde las esferas gubernamentales.