Luego de algunas semanas de negociación, el gobierno, a través del Enacom, comunicó que había alcanzado un acuerdo “con las partes” para establecer diversas medidas en relación con precios y definiciones de servicios en el marco del impacto económico de la pandemia.
Los puntos del acuerdo fueron los siguientes:
- Congelamiento de los precios a mayo de los servicios de telefonía e Internet (tanto fija como móvil) y TV paga. Vigente hasta el próximo 31 de agosto.
- Lanzamiento de servicios especiales (llamados “inclusivos”) que los operadores de Internet y telefonía tanto fija como móvil (pero no de TV paga), deberán ofrecer como alternativa de migración de sus clientes en dificultades económicas. Precios vigentes hasta el 30 de septiembre.
- Extensión del plazo de los servicios “reducidos” prepagos para telefonía móvil e Internet (que garantiza el no corte para ciertos clientes por mora o falta de pago). Vigente hasta el 31 de octubre
- No habrá despidos mientras esté vigente el acuerdo
Este acuerdo se alcanzó mientras desde el Congreso el oficialismo presentaba dos proyectos de ley: uno estableciendo un congelamiento de tarifas y el otro la prohibición de cortes de los servicios [ver Déjà vu]. Los mismos están en la etapa previa del tratamiento en el recinto y son más duros para la industria que el acuerdo finalmente alcanzado. Así, el mismo puede ser interpretado políticamente desde distintos ángulos.
Algunos lo ven como una maniobra para correr el punto medio en la negociación, asustando a las empresas con el fantasma de algo peor que tendría fuerza de ley y cuya vigencia se extendería más allá de los plazos finalmente acordados. Visto así, habría un policía bueno (el Enacom) y un policía malo (el Congreso).
Otros creen que se trata de una manifestación más de las diferencias internas al seno del gobierno. Esto se pone de relieve a través de un grupo de legisladores y funcionarios afines a la vicepresidente Cristina Fernández y que presentan posturas más radicales y combativas. Las mismas, inclusive, van en contra de algunas decisiones o posturas tanto del poder ejecutivo como también, vale la pena aclararlo, de las fuerzas que aportó el presidente de la Cámara de diputados, Sergio Massa, quien tiene una estrecha vinculación con el actual presidente del Enacom (entidad que también ha sido ámbito de estas diferencias). Porque una cosa es una coalición electoral y otra, muy distinta, una coalición de gobierno.
Así, más allá de que la movida responda a un “marcar la cancha” al presidente y al Enacom o si se trató de un auxilio en medio de una negociación, agregando elementos para el regateo, a los efectos prácticos resulta lo mismo. Todas estas medidas implican en definitiva una disminución de los ingresos para los operadores, tanto sea por la oferta de productos más baratos, así como por el congelamiento (que en el caso de los prepagos están a valores de diciembre 2019) en una economía inflacionaria, lo que equivale a una baja de precios.
Esto se da en un escenario donde los costos en alguna medida se mantienen en pesos (al menos hasta que se lleven a cabo las paritarias en junio) y los que están en dólares suben (aunque no tanto como el blue). Así, una disminución en los ingresos (por estas medidas más el impacto de la crisis preexistente y la actual) sólo puede ser compensada con una menor rentabilidad y/o un menor nivel de inversión. Esto no está ni bien ni mal, sino que es el natural resultado de una ecuación económica. Pero al menos conviene ser consciente de otros impactos que la situación acarrea. Ninguna decisión es gratis.