Lo interesante de la regulación en mercados tan cambiantes como el de las telecomunicaciones, es que está sometida a constantes replanteos, consecuencia de escenarios cambiantes. Y lo que hoy parece brillante, mañana es un lastre. Así, las corrientes de pensamiento deben aggiornarse constantemente.
Quizás sea por esta razón que en los últimos tiempos comienza a cobrar fuerza una corriente que sostiene que el Estado no debería cobrar por el uso del espectro. O mejor dicho, no hacerlo con un afán recaudador. Para ello se basan en que lo que los operadores pagan por el espectro no vuelve al desarrollo digital sino que se pierde en la bolsa fiscal. La discusión podría resumirse a la asignación del espectro como herramienta recaudatoria amplia o como política de desarrollo digital.
Dicen que quien se quemó con leche, ve una vaca llora. Algo así les pasó a los operadores europeos a principios de la década de los 2000, cuando los Estados nacionales, engolosinados por la perspectiva recaudatoria del 3G, pusieron un altísimo precio al espectro para esta tecnología. Por su parte, los operadores también fueron víctimas de los cantos de sirenas de los fabricantes de hardware, tanto de terminales como sobre todo de redes, que prometían un paraíso de nuevos servicios que finalmente llegó, pero mucho tiempo después de lo originalmente esperado. Recordemos que en esos tiempos no había el hardware adecuado (eran tiempos pre iPhone) y mucho menos las apps que serían el combustible que encendió la mecha de la explosión de datos. El resultado fue operadores endeudados tambaleando financieramente por varios años, con usuarios que seguían consumiendo principalmente voz y SMS, con algunos pocos yendo un poco más allá usando el mail (tiempos del predominio de BlackBerry).
La historia se repite en algunos casos. Tal el de Argentina, donde la última asignación de espectro tuvo una combinación de subasta, donde cada participante debe ofertar más que el resto, al tiempo que un compromiso de cumplir ambiciosas metas de cobertura. Algún desprevenido podrá considerar que esto fue todo un éxito porque se logró doblegar a los operadores, exprimiéndolos tanto financiera como operativamente. Sin embargo, esta es una visión de corto plazo: tarde o temprano, este mayor costo lo termina pagando el usuario, como suele suceder. Las empresas privadas no trabajan a pérdida en el largo plazo.
Como la suerte ya está echada, sólo a modo de entretenimiento, se podría jugar a especular con lo que podría haberse hecho en el caso de la última licitación de espectro en Argentina. Sería sin dudas un enfoque distinto del mayormente recaudatorio (y en dólares) que tuvo. Por ejemplo, en vez de demandar el esfuerzo financiero que significaron los US$ 2.200 millones (que no lo fueron por el momento, es cierto), se podrían haber establecido pautas tales como ofrecer voz ilimitada en todo tipo de servicio, tanto pospago como prepago. O que toda línea tenga asignado un mínimo de tráfico de datos. O que el tráfico generado por apps de interés público fuera gratuito. O subsidiar el precio de terminales de nivel de entrada. O exigir una rebaja del x% en todas las tarifas (algo un poco más complicado en un contexto inflacionario donde se pierden las referencias de precios). O una combinación de éstas y otras alternativas. Aplicar este tipo de obligaciones no hubiera ciertamente engrosado las arcas del Estado. No obstante, se podría haber obtenido un impacto inmediato en la población, contribuyendo a cerrar la brecha digital al hacer más accesible los servicios.
En cambio, hoy lo que tenemos es: un Estado que no terminó de recaudar lo previsto (apenas US$ 900 de los US$ 2.200 esperados originalmente), empresas exigidas financieramente que buscarán recuperar esa inversión vía tarifas con el paso del tiempo, y usuarios que no han visto aún, en su gran mayoría, los beneficios de la otorgación de más espectro… Quizás merecería considerarse este enfoque en la próxima. Para debatir.
